Cargos por intervención indebida en las operaciones gubernamentales e infracciones a la Ley de Ética gubernamental fueron presentados en la mañana del lunes contra una empleada retirada del Departamento de Vivienda (DV) que utilizó su posición para que su sobrino obtuviera una parcela con mejoras en la comunidad especial Buenaventura de Carolina.

Así lo informó el encargado de la investigación, el fiscal Rodolfo G. Ocasio Bravo.

Elizabeth Cruz Gutierrez, laboró en el DV por 33 años y se retiró en el 2010. Al momento de cometer los delitos, se desempeñaba como técnica de realojo del Programa de Comunidades Especiales y la evidencia testifical y documental evaluada por la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia (DJ) corroboró que evaluó favorablemente la solicitud de su sobrino en dos ocasiones para los años 2002 y 2008.

‘Con sus actuaciones, la imputada violó las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, específicamente lo dispuesto en el Artículo 3.2 (c) que dispone que ningún funcionario o empleado público utilizará los deberes y facultades de su cargo ni la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por ley’, explicó el fiscal Ocasio.

Asimismo, violó el artículo 257 del Código Penal que prohíbe la intervención indebida en las operaciones gubernamentales.

La jueza Nereida Feliciano, del Centro Judicial de Carolina, encontró causa para arresto contra Cruz Gutiérrez fijándole una fianza global de dos mil dólares.

Estos crímenes fueron detectados por los fiscales del DJ, como parte de la pesquisa que realizan las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ en torno al Programa de Comunidades Especiales.