Los miembros del Alto Foro vuelven a debatir sobre su gobernanza, a la vez que está pendiente legislación que le daría al pleno del Supremo control de esa rama.

La aprobación de enmiendas al Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia el jueves pasado dio pie a que los integrantes del Tribunal Supremo volvieran a cruzar palabra sobre el poder del juez presidente para dirigir esa rama.

Las expresiones son las primeras de los jueces que se registran públicamente desde que el 19 de febrero pasado el presidente del Senado sometiera el Proyecto del Senado que tiene el propósito de “atender un error histórico” mediante crear un “modelo de coadministración judicial compartida”. Ese llamado error no existe porque los récords del debate durante la aprobación de la Constitución no establecían coadministración entre los jueces asociados y el juez presidente sino que, específicamente, defendían que este juez fuera el jefe de la rama judicial.

En la resolución del jueves, el juez asociado Ángel Colón Pérez y la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez declararon que enmiendas como las aprobadas obstaculizan los trabajos de la comisión y “forman parte de un empeño, o capricho, de continuar diluyendo los poderes de la figura del juez presidente, -en este caso jueza presidenta-, de este Tribunal”. Estos dos disidentes son los únicos miembros del tribunal designados por un gobernador del Partido Popular Democrático (PPD).

De los restantes siete integrantes, todos designados por gobernadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), cinco se unieron bajo una expresión del juez asociado Rafael Martínez Torres, que lo que hizo fue repetir lo que dijo en 2019 en otra de las resoluciones que hizo enmiendas a esa comisión.

En ese momento, Martínez Torres defendió que la comisión le respondía al tribunal en pleno y no solo a la jueza presidenta. “Para defender ese principio y evitar que esta rama se administre como si fuera una monarquía, estaré a la carga, hoy, mañana y siempre”, dijo en aquella ocasión. A Martínez Torres lo suscribieron el recién nombrado Raúl Candelario López, así como Mildred Pabón Charneco, Erick Kolthoff Caraballo y Roberto Feliberti Cintrón.

Los otros dos jueces asociados, Luis Estrella Martínez y Camille Rivera Pérez, votaron a favor de las enmiendas, pero no suscribieron ninguna de las dos expresiones adicionales.

Esta comisión que evalúa a los jueces ha sufrido varios cambios, incluyendo aumento de sus miembros, darle al pleno el poder de designarlos (en vez del juez presidente) y permitir que los propios jueces asociados puedan insertarse (con voz y voto) en cualquier evaluación que quieren. También se añadió que puedan insertarse de igual manera los jueces retirados del Supremo. El retiro más reciente fue el de Edgardo Rivera García, quien se dedica a la práctica activa de su profesión mediante el bufete del exfuncionario Anthony Maceira Zayas. Esto abre la posibilidad de que se inserte en evaluaciones de jueces ante los cuales sus clientes, o los del bufete, tengan controversias pendientes, o las hayan tenido.

Cuando ocurrieron los cambios principales en 2019, la entonces jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, también designada por gobernadora del PPD, resumió que con esa movida la mayoría nombrada por el PNP “usurpó los poderes de la Presidencia de la Rama Judicial”  y lo adjudicó a una misión política de “banquete total”.

Con el proyecto 1096, el control del pleno se amplía dándole facultad para hacer nombramientos, no solo en comisiones, sino directamente en posiciones jerárquicas de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), incluyendo los de jueces administradores auxiliares que estarían debajo del juez administrador. Eliminaría también la posición de juez municipal para convertirlos todos en superiores.

Vea: Proyecto 1096 busca redistribuir poder entre el pleno del Supremo y su juez presidente

Vea la resolución del 12 de marzo aquí