El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, indicó que el conocimiento sobre la intención de la Junta surge por informes en los medios de comunicación y recordó que el ente fiscal ya intentó intervenir en controversias similares.

La Fortaleza restó importancia a la oposición formal de la Junta de Supervisión Fiscal a las demandas presentadas por el gobierno de Puerto Rico para anular el contrato de operación de la red eléctrica con LUMA Energy, al asegurar que no ha recibido notificación directa del ente fiscal y que su postura no altera la estrategia legal del Ejecutivo.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, indicó que el conocimiento sobre la intención de la Junta surge por informes en los medios de comunicación y recordó que el ente fiscal ya intentó intervenir en controversias similares.

Según sostuvo Peña Payano, en un caso reciente decidido la semana pasada, la jueza federal Laura Taylor Swain falló a favor del gobierno, por lo que la postura actual de la Junta “no toma por sorpresa” a la administración.

Las expresiones de La Fortaleza se producen luego de que la Junta se opusiera formalmente ante el tribunal federal a las dos demandas mediante las cuales el gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas buscan la nulidad del contrato de LUMA. En una moción conjunta, el ente fiscal alegó que es el único representante legal de la AEE y que el contrato de operación constituye un activo de la corporación pública que no puede ser modificado sin su consentimiento en el contexto del proceso de quiebra.

La Junta también planteó que la privatización del sistema eléctrico es un pilar de la reestructuración de la deuda de la AEE desde 2018, que forma parte de los planes fiscales y que es mandato de ley.

Además, cuestionó que el gobierno no haya identificado públicamente un operador privado sustituto y advirtió que la cancelación del contrato podría provocar un escenario de caos si el sistema regresara al sector público.

Peña Payano, sin embargo, insistió en que el gobierno ha actuado “del lado del pueblo” al presentar las demandas y criticó que la Junta se coloque nuevamente a favor del operador privado. Sostuvo que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de impulsar la estrategia legal que entienda necesaria para proteger a la ciudadanía, aun cuando el ente fiscal no coincida con esa postura.

Cuestionado sobre si hubo consultas previas con la Junta antes de acudir a los tribunales, el funcionario no confirmó gestiones específicas y aclaró que no forma parte del equipo legal. No obstante, reiteró que la evaluación corresponde al gobierno electo y que la gobernadora cuenta con el respaldo electoral para proceder.

Así las cosas, La Fortaleza descartó preocupación ante la oposición del ente fiscal y defendió que precedentes recientes respaldan la posición del gobierno, al insistir en que el pleito debe continuar ventilándose en el foro correspondiente.

Historia relacionada: Junta se opone a solicitud del gobierno para anular contrato de LUMA