La jueza federal Laura Taylor Swain desestimó la demanda que LUMA Energy presentó en agosto con la que buscaban evadir el proceso de resolución de disputas que inició en verano la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) bajo el contrato de operación privada de la red eléctrica.

Aunque el gobierno obtiene una victoria, varias expresiones que hizo la jueza en su decisión del viernes pueden incidir sobre otras controversias que están pendientes entre el gobierno y el operador, así como el rol de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En su acción, LUMA quería evadir las seis áreas de disputas “técnicas” que le presentó la AAPP, pero quería conseguir el inicio de mediación en su reclamación sobre la forma en que el gobierno está fallando en financiar sus cuentas de operación. Bajo el contrato, una disputa “técnica” va a un perito independiente y la decisión de este es final. Por otro lado, una mediación puede conllevar el inicio de una demanda civil en el tribunal si alguna de las partes no está conforme con la decisión del mediador.

Como resultado de la decisión de Swain el viernes, las disputas que presentó la AAPP quedan listas para seguir el proceso ante un perito independiente, mientras que la reclamación que presentó LUMA sobre el financiamiento no existen formalmente, porque fue desestimada la demanda federal en la que se presentó.

La conclusión de la jueza que atiende la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no elimina la posibilidad de que vuelva a entrar en el caso. Para Swain, la controversia ahora mismo está en una etapa meramente de cuál es el foro que va a activarse, si una determinación pericial o una determinación de un mediador. Pero, si lo que se estuviera planteando fuera la cancelación del contrato, que es el propósito expreso de la gobernadora Jenniffer González Colón, entonces la jueza entraría.

“Tanto LUMA como la Junta de Supervisión argumentan que, en la medida en que las disputas de la AAPP en la demanda y en la moción constituyen el primer paso en el plan de la AAPP para cancelar el contrato de operación, la quiebra de la AEE se podría afectar profundamente. Sin embargo, la cancelación del contrato de operación no está actualmente presentada ante el tribunal en esta demanda y, aunque es una posibilidad, está muy atenuada como para evitar que el tribunal se abstenga en este momento con respecto a una controversia sobre interpretación de contrato”, indicó la jueza al reducir la demanda de LUMA a un asunto de intepretación sobre cuál es el foro para atender las disputas presentadas.

Swain recordó que ya ha determinado que el contrato de operación con LUMA es una “propiedad” de la AEE y, bajo los criterios de una quiebra, las controversias que afecten el contrato pueden ser controversias que afecten la quiebra y que requieran su intervención. En este momento, sin embargo, entiende que intervenir crearía una complicación innecesaria en su manejo de la quiebra.

La jueza hizo otra determinación que afecta la relación entre las partes al decidir que la AAPP no es quien representa a la AEE en reclamaciones relativas al contrato, sino la JSF.

“Ninguno de los derechos y responsabilidades de la AAPP enumerados (en el contrato) sugieren autoridad para representar a la AEE en demandas… ni los términos claros del contrato de operación ni nada en el contexto de la transacción apoyan la contención de la AAPP de que la Junta de Supervisión cedió su autoridad para actuar como el representante único de la AEE en litigios que conciernen a LUMA”, dijo sobre ese punto.

Hay dos recursos adicionales trabados entre el gobierno y LUMA. Los dos son por el mismo asunto, la supuesta nulidad de la extensión del contrato temporero que se aprobó en 2022. De decretarse la nulidad, el resultado que el gobierno busca es la cancelación automática del contrato. En uno de los recursos, los demandantes son la AEE y la AAPP y en el otro es el gobierno de Puerto Rico. LUMA elevó ambos a la consideración de Swain pidiéndole que asuma jurisdicción, pero la jueza no ha decidido sobre las solicitudes.

En cuanto a las disputas, las seis áreas que la AAPP presentó en verano son: deficiencias en el manejo de fondos federales; incapacidad de generar suficientes recaudos; fallas relacionadas al apagón general del 16 de abril de 2025; falta de atención al manejo de vegetación; tardanza en entrega de documentos financieros; y falta de cobro a compañías de comunicaciones que usan los postes de la AEE.