El gobierno y Genera PR todavía no dicen qué han hecho para fiscalizar a New Fortress Energy por el gas que no entregaron durante la crisis por la navegación de su barcaza en la bahía.

Estar en quiebra, retirar un cargamento de gas como ficha de negociación, tener una orden judicial que les impidió entregar gas por haber reducido medidas de seguridad para su entrada a la bahía de San Juan y querer cobrarle a la isla $20,000 millones bajo un contrato que casi inmediatamente bajaron a cerca de la mitad no evitó que la semana pasada el gobierno de Puerto Rico profundizara su relación pública con New Fortress Energy (NFE) y su subsidiaria, Genera PR.

Mientras la relación del gobierno con el operador privado de la red eléctrica, LUMA Energy, está reducida a lo que la gobernadora Jenniffer González Colón llamó una “pelea estéril de cartas”, la mandataria realizó dos actividades públicas con Genera PR y se alineó con estos para atacar al Negociado de Energía (NE).

Genera PR es una de las piezas con las que NFE controla la generación de electricidad en la isla. A través de ese frente tienen un contrato para operar las plantas termoeléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con NFEnergía LLC tienen contrato para suplir gas natural y, como NFE, tienen un contrato para controlar la única instalación para desembarco de gas natural en toda la costa norte. Las finanzas de NFE dependen cada vez más de sus negocios aquí. De hecho, el mercado financiero está a la expectativa de que la empresa tenga que recurrir a la protección de la Ley de Quiebras.

El NE advirtió a la legislatura de los peligros de que el control monopolístico de la empresa sobre la isla se profundice, pero la semana pasada, en un anuncio junto de un proyecto de Genera PR, la gobernadora y la gerencia del operador abrieron fuego contra el regulador del sector de energía.

“Le pedí una reunión a la Junta Fiscal para discutir todos los elementos de la contratación de gas, de muelles, de LUMA y de los fondos federales, porque no podemos darnos el lujo de perder esos fondos”, dijo González Colón, haciendo referencia a dos asuntos de NFE pendientes en ese foro: el contrato de suplido de gas a largo plazo que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha rechazado dos veces y el control de la empresa sobre la instalación de gas en la bahía, la que el ente fiscal también ha criticado, aunque no ha tomado acción sobre ese contrato con la Autoridad de los Puertos (AP).

Por su parte, el portavoz de Genera PR, Iván Báez, dijo que “en la medida en que hemos trabajado en estos dos años con todos los entes, incluyendo los reguladores y quienes nos fiscalizan, como el ‘zar’ (de Energía), las cosas ocurren”. “Yo creo que los procedimientos del Negociado son anacrónicos, se quedaron en el pasado, trabajan como si estuvieran en un tribunal, y Puerto Rico necesita más que eso. Quizás deberían evaluar su función dentro de la situación crítica en la que se encuentra nuestro sistema eléctrico”, añadió.

“Mi exhortación al Negociado es menos mocioneo y más acción y colaboración. Si tienen alguna duda, que se reúnan con nosotros, que vengan a las plantas, que vean lo que está pasando y sientan de primera mano lo que ocurre en el campo, para que dejemos de estar con cartas, mociones y resoluciones, como si fuera un Tribunal Supremo. Creo que deberían unirse a la ola de trabajo para acelerar todos estos procesos”, dijo también.

Genera PR tiene pendiente en el Tribunal de Apelaciones una impugnación contra el negociado por una imposición de multa de hasta $25,000 diarios por supuestas «falsas representaciones» en el proceso de compra de un proyecto de generación de emergencia.

La gobernadora comparó la fiscalización del Negociado hacia Genera PR con la que tienen con LUMA.

“Ojalá pusieran las mismas sanciones cada vez que a la gente se le daña un televisor, una nevera o enseres domésticos por las fluctuaciones de voltaje causadas por problemas de transmisión y distribución. Eso no ocurre. No he visto ninguna multa en ese sentido del Negociado para defender a los consumidores. Tampoco veo sanciones por no haber comenzado el proceso de despeje de vegetación, para el cual existen fondos asignados desde hace más de dos o tres años. Antes, la Autoridad de Energía Eléctrica enviaba brigadas que limpiaban las servidumbres de paso, y ahora cada vez que se va la luz es porque una ramita tocó una línea de transmisión. Sentido común. Por eso creo que es bueno fortalecer la relación con quienes están en la industria, porque la percepción es una y la realidad es otra”, argumentó.

En la misma actividad, el representante Víctor Parés Otero, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, mencionó que evalúan enmendar la Ley del Negociado de Energía.

Ante la comisión de Parés Otero, el mismo negociado advirtió el 7 de octubre que, desde octubre de 2024 a junio de 2025, unidades en San Juan, incluyendo los generadores móviles, pudieron haber gastado $27 millones más de lo previsto en costos de combustible por gas que NFE no entregó. Se supone que ese costo final se le devuelva a los abonados.

El viernes pasado, la JSF también advirtió que ni el gobierno ni Genera PR han contestado sus requerimientos para informar qué medidas contractuales van a tomar para que NFE responda por los costos incurridos en uso de combustible durante el periodo del 26 de septiembre al 11 de octubre. En esos días el suplido estuvo detenido por un pleito judicial que surgió cuando pilotos de la bahía de San Juan denunciaron que NFE había abandonado las medidas que se habían usado durante los últimos dos años para la entrada y salida segura de las barcazas de gas en el principal puerto comercial de toda la isla.

La advertencia de la JSF está en la carta que emitieron para autorizar la decimocuarta extensión semanal que autorizan para el contrato de suplido de gas de NFE porque todavía no se ha podido llegar a un acuerdo sobre el contrato de largo plazo.

Las expresiones de Báez y González Colón ocurrieron durante la ceremonia el miércoles para iniciar la construcción de un sistema de almacenamiento de energía de 52 megavatios en la Central Cambalache. Esto es parte de un proyecto contratado a Tesla para añadir 430 megavatios en capacidad de almacenaje de energía en la red. Se espera que el proyecto esté en operación a fines de 2026 con instalaciones también en las centrales de Vega Baja, Palo Seco, Yabucoa, Aguirre y Costa Sur sufragadas con fondos federales por $533.5 millones.

Vea:

Negociado de Energía advierte sobre riesgos de monopolio de gas

El que negoció el contrato de gas va a ser el que lo supervise, dice el zar