El proyecto de ley busca que las personas con antecedentes penales tengan la oportunidad de rehabilitarse e insertarse al campo laboral.

La senadora por acumulación, Joanne Rodríguez Veve, presentó un proyecto de ley que busca prohibir el discrimen por razón de tener antecedentes penales.

“Las exclusiones y el discrimen que experimentan las personas que han sido privadas de libertad, específicamente en lo que al empleo se refiere, hacen que la meta de la rehabilitación se vea frustrada. Situación que provoca que, en ocasiones, estas personas que son excluidas del campo laboral recurran a buscar sus ingresos a través de la economía informal o acudiendo a ayudas gubernamentales”, señaló la Senadora.

El proyecto se conoce como Ley para Prohibir el Discrimen por Razón de tener antecedentes penales. La medida establece como derecho de la clientela del Departamento de Corrección y Rehabilitación el que el historial delictivo de una persona no sea un factor a considerar para que estos puedan participar de los programas de rehabilitación y mejoramiento provistos por dicho Departamento; dispone que las Juntas Examinadoras Adscritas al Departamento de Estado no puedan utilizar el pasado delictivo de una persona para prohibirle que ejerza alguna de las profesiones que regulan; busca prohibir el discrimen por razón de tener antecedentes penales; y facilita el proceso de búsqueda de empleo de esta población al prohibirle a los patronos solicitar certificado de antecedentes penales previo a la oferta condicionada de empleo; entre otras cosas.

»Por otra parte, provee ciertas excepciones a las cuales los patronos se pueden acoger. Por lo tanto, la prohibición dispuesta en esta medida no es absoluta», aseguró Rodríguez Veve, quien destacó que se mantienen las prohibiciones, contenidas en la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, y en el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, que buscan mantener fuera del Gobierno a personas que hayan sido convictas por corrupción.

“Más allá de añadir una nueva categoría protegida, es un complemento normativo que viabiliza un propósito noble y beneficioso para la sociedad consignado en nuestra Constitución: la promoción de la rehabilitación social a través de la inclusión y la no discriminación. Tenemos que, desde las propias entrañas del Departamento de Corrección, viabilizar las oportunidades para que las personas privadas de libertad se reinserten en la sociedad como personas transformadas y productivas”, destacó la legisladora.

Vea el proyecto aquí: