Voto de 8 a 4, acusaciones de un proceso ‘atropellado’ y un choque por los salarios de Administración Central marcaron la sesión que definió el destino de $763 millones para la UPR

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó el lunes, en una reunión cargada de debates y tensión, la distribución de presupuestos de los 11 recintos, oficinas y unidades universitarias sin una consulta al Comité de Asuntos Financieros, según denunció el representante claustral, doctor William Muñiz Rivera.

La distribución, que asciende a unos $763 millones repartidos entre los recintos y oficinas, contempla un recorte de $18 millones que responde al aumento en la aportación patronal de la UPR al Sistema de Retiro, ordenado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Originalmente, la JSF había certificado una aportación patronal de $177 millones al Sistema de Retiro, lo que representaba un recorte de más de $40 millones para los recintos. Sin embargo, la Junta de Gobierno solicitó reducir esa cifra a $156 millones, basándose en un estudio actuarial de la Junta de Retiro de la UPR que estableció esa cantidad como la aportación adicional necesaria del Fondo General. La JSF aún no ha autorizado ese cambio, por lo que la distribución aprobada el martes parte de una cifra que todavía está pendiente de aval fiscal.

«El proceso fue atropellado y se trabajó de manera incorrecta y a último momento. Esta última vez, cuando nos reunimos, el presupuesto que se presentó no pasó por el Comité de Asuntos Financieros y se llevó directamente al Pleno sin discutirse», denunció Muñiz Rivera en entrevista con NotiCel.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana, argumentó ante el representante, en la misma reunión, que los miembros del comité dedicaron muchas horas a analizar los distintos escenarios presupuestarios en semanas previas y que el asunto también se trató en una reunión ejecutiva el jueves anterior a esta sesión.

«Me dediqué personalmente a estudiar ese escenario y ver el trasfondo, porque quería estar consciente de que todos los escenarios se discutieron. El escenario presentado también fue discutido con los distintos directores, así que se escogió el escenario de 156 millones», sostuvo Dalmau Santana en la reunión de la Junta de Gobierno.

En un comunicado conjunto, los representantes claustrales y estudiantiles Muñiz Rivera, Rafael Méndez Tejeda, Benjamín Rivera Meléndez y Josué García Torres advirtieron que la alternativa de $156 millones al sistema de retiro no cubriría la totalidad de las obligaciones relacionadas con el sistema de retiro.

Contrataciones de docentes en riesgo

Los representantes advirtieron que, de mantenerse la aportación de $177 millones al sistema de retiro, se reducirían los recursos para nombramientos docentes, lo que podría afectar la oferta de cursos, la continuidad de los programas académicos y la capacidad de los estudiantes de completar sus grados a tiempo.

«La contratación docente no es un lujo; es una necesidad operativa de la Universidad», expresaron en el comunicado conjunto. También alertaron sobre posibles consecuencias laborales y legales si los recortes terminan impactando la nómina regular u otros compromisos institucionales de la Universidad.

Uno de los cuestionamientos que se levantó en la reunión de la Junta fue si el recorte tuvo consecuencias en los contratos de los profesores y empleados administrativos. La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, indicó los siguientes recintos como afectados, sin especificar la cantidad de docentes afectados en todos:

• Aguadilla: se redujeron contratos.
• Mayagüez: los contratos van a bajar, aunque no tienen el número final debido a que el proceso comienza más tarde.
• Utuado: un contrato a tiempo completo menos, pero se añadió un tiempo parcial en Tecnología Agrícola. 
• Ponce: reducción de cuatro contratos.

“Estamos atendiendo una realidad presupuestaria que requiere decisiones responsables y, al mismo tiempo, una defensa firme de los recursos que necesitan nuestros recintos. Nuestra prioridad es viabilizar la oferta académica, particularmente las secciones necesarias para que nuestros estudiantes puedan continuar avanzando hacia la culminación de sus grados, mientras manejamos alternativas que permitan reducir el impacto fiscal sobre las unidades”, expresó Jordán Conde en declaraciones escritas.

Entretanto, Muñiz Rivera explicó que los contratos son los más fáciles de cortar, y que esto aplica tanto a profesores como a empleados administrativos. También señaló que, aunque la presidenta Jordán Conde dijo que no hubo «pormenores o situaciones particulares» en las reuniones extraordinarias, ella misma reconoció que hubo recintos que tuvieron que hacer ajustes.

«En mi caso, que estoy en Aguadilla, me consta que se pidió que se revisaran las cargas académicas de los profesores, y algunos que estaban a tiempo completo pasaron a tiempo parcial», indicó Muñiz Rivera.

El debate

Uno de los temas que más generó debate en la reunión fue la idea presentada por el representante subgraduado Benjamín Rivera Meléndez.

«Es importante que se consideren los salarios altos que se le están pagando a vicepresidencia, a todos los que tienen administración central, porque entonces se desvía todo el dinero para allá y acá las unidades y los recintos no reciben, y eso está mal», expresó en la reunión, mientras el presidente de la Junta, Dalmau Santana, y la vicepresidenta, Vanessa Santo Domingo, intercambiaban miradas.

Esto provocó un silencio rotundo, a lo que el representante claustral ante la Junta, el doctor Rafael Méndez Tejeda, aseguró que la administración central se puede reducir a la mitad.

«Hay salarios excesivamente altos, de gente que gana el doble que un profesor con más de 30 años y más preparación», explicó. Dalmau Santana, sin embargo, insistió en discutirlo en otro momento.

El representante de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Enrique Guzmán Matos, nombrado por el exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech, respondió señalando que la administración central ya había realizado un ajuste de $6 millones para apoyar a las unidades, y argumentó que el enfoque debía estar en el esfuerzo presupuestario ya presentado, en lugar de en salarios específicos.

Tras la intervención de Guzmán Matos, Méndez Tejeda expresó su desacuerdo.

«En la administración central, el 50% de lo que hay es burocracia y me extraña que tú estés diciendo que sí, que hay que mantener la burocracia. Quien genera fondos, ya sea de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) o de fondos de investigación, son las unidades. Por tanto, las que tenemos que fortalecer son las unidades», señaló.

Tras la discusión sobre la estructura organizacional, Santo Domingo intervino para abordar las preocupaciones sobre los despidos.

«Si ustedes lo que están buscando es que se despidan empleados de administración central, pues yo creo que eso es una situación que se tiene que tomar en consideración en otro momento, y que también de forma ordenada debería discutirse como parte de ese plan o ese estudio que se va a estar llevando a cabo», declaró.

Posteriormente, Méndez Tejeda aclaró que su postura no buscaba despidos, sino una optimización del personal.

«No me adjudique que yo pedí que se despidieran empleados de Administración Central. Pedí que Administración Central haga ajustes. Hay muchísima gente acá que pudiese ir a las unidades a trabajar. Aquí en Administración Central hay gente de las unidades que no está ni siquiera capacitada para estar haciendo la función que está haciendo acá arriba», puntualizó.

Luego del intercambio entre Santo Domingo y Méndez Tejeda, el presidente de la Junta intervino aclarando que, aunque las observaciones eran «apropiadas», el objetivo inmediato era la aprobación de partidas de presupuesto, y que los asuntos de reestructuración administrativa se atenderán en un momento posterior.

La «tercera propuesta»

La «tercera propuesta» es la alternativa impulsada por Muñiz Rivera y sectores de la comunidad universitaria. Su objetivo central es proteger la continuidad operacional de la universidad sin recurrir a recortes que afecten la docencia o los servicios esenciales.

«Nosotros, cuando digo nosotros, la comunidad universitaria, a través de los representantes estudiantiles y culturales, presentamos un escenario número 3, que era que se redujera, considerando los 156 millones para el sistema de retiro, pero utilizando fondos restrictos. Pero la contestación que nos dieron en la última reunión extraordinaria es que eso era muy arriesgado porque con ese dinero no se contaba, porque eran fondos restrictos», explicó a NotiCel Muñiz Rivera.

La distribución de presupuesto se aprobó con ocho votos a favor y cuatro en contra. Votaron a favor el Lcdo. Enrique Guzmán Matos, el Dr. Hernán Cestero, el Dr. Gonzalo Córdoba, la Dra. Maida Velasco, la Lcda. Teril Sastre, la Lcda. Vanessa Santo Domingo, la profesora María Mulero Pastrana y el CPA Ricardo Dalmau Santana. Votaron en contra Josué García Torres, el Dr. Rafael Méndez Tejeda, el Dr. William Muñiz Rivera y Benjamín Rivera Meléndez, los cuatro representantes estudiantiles y claustrales ante la Junta.