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Legislatura aprobó cerrar una rendija para beneficiarios de Ley 60, hasta que ellos intervinieron

El representante Ángel Morey pidió a Fortaleza que le devolviera el proyecto después de una reunión con beneficiarios de decretos contributivos.

Por Oscar J. Serrano Nov 21, 2026
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Legislatura aprobó cerrar una rendija para beneficiarios de Ley 60, hasta que ellos intervinieron

El representante Ángel Morey Noble. (NotiCel/Archivo)

Para mantener un decreto contributivo de Inversionista Residente bajo la Ley 60 (antigüa Ley 22) el beneficiario tiene que hacer un donativo anual de $10,000 a una entidad sin fines de lucro, un requisito que es de los pocos de esa ley que ha sido modificado y que algunos cumplían dando el donativo a entidades relacionadas a, o controladas por, otros inversionistas con decreto.

Con votaciones casi unánimes, el Senado y la Cámara de Representantes enviaron el 5 de noviembre a la evaluación de la gobernadora el Proyecto de la Cámara 1133, que cerraría esa rendija, para que las organizaciones beneficiarias del donativo no estuvieran relacionadas a otros beneficiarios con decretos.

Pero el martes pasado, el autor de la medida, el representante novoprogresista por Guaynabo, Ángel Morey Noble, pidió que el proyecto regresara a la Legislatura para hacerle cambios. Esto, después de que representantes de beneficiarios con decretos se reunieran con él mediante intermediarios a los que no quizo identificar.

El representante confirmó a NotiCel el tracto, pero no pudo precisar cuáles serían las enmiendas, aunque sí que la finalidad de las mismas sería flexibilizar la prohibición.

“Escuché varias de las partes, varios de los grupos que son ley 60 y otros grupos que son entidades sin fines de lucro y escuchando eso vi que podíamos mejorar el proyecto”, dijo sobre las reuniones que ocurrieron después de que le hicieran un acercamiento “personas en común que ayudan a las otras entidades (afectadas por el proyecto)”. Planteó que se iba a reservar la identidad de esos intermediarios, pero confirmó que la entidad Act 20/22 Society, encabezada por el inversionista residente Robb Rill, fue una que le trajó objeciones.

No pudo aclarar por qué estos grupos no habían comparecido durante la evaluación legislativa. La Cámara lo aprobó por descargue y el Senado hizo un informe en el que el reparo principal fue que a las entidades beneficiarias se les requiriera tener la exención contributiva federal, lo que no se eliminó en la versión final. De acuerdo a la cantidad de decretos emitidos para inversionistas, la cantidad que tendría que ser donada anualmente bajo este requisito sería unos $30 millones.

“Puede que ese lenguaje tan restrictivo lo vaya a modificar”, contestó al preguntársele si el propósito de la medida continuará siendo que el requisito del donativo no se pueda cumplir meramente dándolo a entidades que controlan otros beneficiarios. Se va a sentar con “grupos afectados… para ver cómo lo vamos a manejar”, expresó.

El legislador dijo que la medida surgió de su preocupación de que los donativos no estaban financiando “servicios directos” a las comunidades en la isla, que fue la intención original del donativo en la ley, y que eso seguirá buscando con las enmiendas. Entre las posibilidades está que se permita el donativo a la entidad controlada por un beneficiario, pero que la misma tendría que certificar la cantidad de dinero que se usó en “servicios directos”.

La aprobación en ambas cámaras fue casi unánime con votos en contra en el Senado de Marially González Huertas, Eliezer Molina Pérez, Migdalia Padilla Alvelo y Carmelo Ríos Santiago (estos dos los senadores del distrito donde Morey Noble es representante). En la Cámara, solo estuvo en contra Lisie Burgos Muñiz. El propio Morey Noble está marcado como ausente en esa votación.

En 2024, tras recurrir al tribunal para obtener acceso a los expedientes de beneficiarios de decretos, el Centro de Periodismo Investigativo pudo identificar irregularidades en el cumplimiento del requisito de donativos, como que las entidades recipientes no estaban registradas como sin fines de lucro en el Departamento de Hacienda.

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