Tribunales

Supremo refiere a dos de sus excompañeros para investigación ética

El referido al Procurador General incluye a un abogado y dos exjueces del Alto Foro por supuesta intervención indebida en un caso.

Por Oscar J. Serrano Nov 18, 2026
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Supremo refiere a dos de sus excompañeros para investigación ética

Los exjueces del Supremo, Edgardo Rivera y Federico Hernández, y la gobernadora Jenniffer González. (NotiCel/Juan R. Costa)

El Tribunal Supremo refirió para la investigación de la Oficina del Procurador General (OPG) una queja en la que se imputa intervención indebida en un caso de parte del exjuezpresidente de ese foro, Federico Hernández Denton, el exjuez asociado, Edgardo Rivera García, y el licenciado José Andreu Fuentes.

La queja objeto del referido fue sometida en junio pasado por el comerciante ponceño Ramón Cacho Pérez, demandante en un pleito que lleva 20 años en los tribunales que versa sobre una controversia de fraude con propiedades y de trámites corporativos. Los imputados son actualmente abogados del demandado, Roberto Hatton Gotay. Los tres contestaron la queja en agosto y el Alto Foro emitió el referido el 30 de octubre pasado.

Seis de los nueve jueces votaron a favor del referido. La jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, no intervino y los jueces asociados Mildred Pabón Charneco y Ángel Colón Pérez estuvieron en minoría con votos a favor de archivar la queja sin más trámites.

El referido a la OPG ocurrió poco antes de que la semana pasada la gobernadora Jenniffer González Colón aludiera a Hernández Denton y Rivera García al reaccionar a las informaciones que le imputan a ella haber intervenido con jueces del Supremo para ofrecerle beneficios, a cambio de su voto a favor en la demanda pendiente con la que el gobierno intenta anular el contrato de operación de la red eléctrica de Luma Energy LLC.

“Si alguien tiene intromisiones en el Tribunal Supremo, son los pasados jueces del Tribunal Supremo. Yo no tengo ninguna intervención con ningún juez. Yo no hago eso. Así que son totalmente falsas las aseveraciones que se hacen o las imputaciones que se pretenden hacer”, reaccionó el miércoles pasado.

“Vamos a ver quiénes son los abogados de Luma en el caso. Son los exjueces del Supremo, Edgardo Rivera, que también trabaja para el Senado de Puerto Rico. Son el exjuez Hernández Denton, también abogado de Luma, D.L.(A.) Piper, (Frank) Torres Viada, distintos bufetes llevando el caso de Luma, a lo que tienen perfecto derecho”, añadió.

La queja que dio paso al referido no tiene que ver con que los abogados representen a Luma, sino es un caso aparte. Plantea que los exjueces pudieron haberse beneficiado de sus intervenciones previas en el caso de Cacho Pérez y Hatton Gotay para convertirse luego en abogados de Hatton Gotay, y que Andreu Fuentes tuvo contacto con la información y “estrategia” del caso durante una consulta que le hizo Cacho Pérez y que no resultó en una contratación.

Este trio de abogados no es el único de alto perfil que ha intervenido en el caso. Por el lado de Cacho Pérez, el abogado original fue el exgobernador Rafael Hernández Colón, mientras que por el lado de Hatton Gotay han comparecido los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Luis Fortuño Burset, así como el exjuez asociado Efraín Rivera Pérez.

Aunque Cacho Pérez tiene varios abogados activos en su representación hoy, él personalmente firmó la queja y no algún representante.

“Si un exjuez del Tribunal Supremo, que ya intervino en un caso (ya sea participando en la deliberación, votando, o incluso conociendo los argumentos y pruebas pressentadas), luego comparece como abogado en el mismo caso, se generaría una apariencia ineludible de impropiedad. Esta situación podría llevar a la percepción de que: a) el exjuez podría estar utilizando información privilegiada obtenida durante su función judicial; b) sus decisiones anteriores como juez podrían haber estado influenciadas por futuras aspiraciones profesionales; c) se estaría capitalizando sobre su conocimiento interno del poceso judicial y de los demás miembros del tribunal; d) se podría ejercer una influencia indebida sobre el tribunal, dada su anterior posición”, planteó el querellante.

La intervención de Hernández Denton fue en 2012, cuando el Supremo decidió no intervenir en una revisión dentro del caso, mientras que la de Rivera García fue en 2016, cuando suscribió una opinión que dejó sin efecto un embargo que enfrentaba su ahora cliente, Hatton Gotay. Por su parte, sobre Andreu García, dijo que en una reunión en la que estuvo Hernández Colón en octubre de 2010 “le hicimos conocer todas las estrategias utilizadas en el litigio, conoció interioridades del caso y relacionadas con los hechos que se adjudicaron, lo que es suficiente para levantar la existencia del privilegio abogado cliente”.

Cacho Pérez aludió a varias reglas éticas que entiende se violentaron, específicamente una incluída en las Reglas de Conducta Profesional de 2025 que prohíbe que “un abogado represente a una persona en conexión con un asunto en el cual participó personal y sustancialmente mientras fue juez”.

Al rechazar las imputaciones, los exjueces y el abogado levantaron varios argumentos. Particularmente, los exjueces subrayaron que la prohibición que presentan las nuevas reglas aplicable a los que fueron jueces no les aplica porque ingresaron al caso como abogados el 22 de agosto de 2025, cuatro meses antes de que entraran en vigor esas disposiciones éticas nuevas. “Cuando los promovidos asumieron la representación en 2025, ninguna norma vigente en Puerto Rico prohibía la comparecencia del exjuez que no emitió juicio profesional en el asunto particular”, puntualizaron.

“Buena parte de la queja no imputa hechos sino impresiones o apreciaciones del quejoso”, añadieron, al inferir también que la queja es una estrategia para privar a Hatton Gotay “de su representación legal en la etapa decisiva del litigio” y pedir, no solamente que se desestime el proceso, sino que a Cacho Pérez se le haga pagar honorarios por promover una controversia “frívola”.

En cuanto a los hechos que tienen que ver con Hernández Denton, este rechazó que hubiera “intervenido” en el caso porque, como lo que decidió el Supremo en ese momento fue no acoger la solicitud de revisión, entiende que eso no es una “intervención” en la controversia. En una de las mociones de reconsideración que hubo en esa ocasión, se consignó que él no intervino, añadió. Resaltó también que su única decisión en el caso fue denegar solicitud de inhibición que Hatton Gotay sometió en su contra, lo que resultó en detrimento de su ahora cliente.

Por su lado, Rivera García, quien en varias ocasiones asumió posiciones que beneficiaron a su cliente actual, se concentró en argumentar que aquellas controversias en las que intervino no tienen que ver nada con los hechos y las controversias del caso que están en discusión ahora. También, que lo que conoce del caso lo conoce por el expediente público del mismo.

Andreu Fuentes llamó la atención a que la consulta que le hicieron no solo fue hace 15 años y no resultó en una contratación, sino que fue sobre una acusación criminal que estaba pendiente y no sobre los aspectos civiles de la controversia entre Cacho Pérez y Hatton Gotay.

Aunque las controversias sobre la conducta ética de los abogados y jueces se manejan de manera separada y distinta a las controversias sobre la ética de los empleados públicos bajo la Ley de Ética Gubernamental, los tres imputados enfatizan en que Cacho Pérez no ha cumplido con presentar “prueba clara, robusta y convincente” para sustentar sus alegaciones. Ese estándar de prueba más alto en casos bajo Ética Gubernamental lo estableció el propio Rivera García cuando fue juez del Supremo y ha resultado en la desestimación de múltiples investigaciones y casos en la Oficina de Ética Gubernamental.

El trío advirtió al Supremo que, si Cacho Pérez tiene éxito en su queja, “ningún exjuez o exjueza de este Tribunal pueda ejercer la abogacía en asunto alguno que en algún momento haya pasado por el Pleno, aún mediante una denegatoria jurisdiccional sin ponencia o mediante una Opinión que, como la de 2016 sobre el embargo, no atendió los méritos de un pleito sentenciado siete años antes”.

Tras su investigación, el Procurador General, Omar Andino Figueroa, haría una recomendación al Supremo sobre si debe ocurrir un procesamiento ético y bajo cuáles fundamentos.

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