Las medidas buscan establecer mayores controles sobre la contratación de servicios profesionales y prohibir la participación de cabilderos en procesos de contratación pública, entre otros objetivos.

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, junto a la delegación de la colectividad en la Legislatura, anunciaron ayer un grupo de medidas legislativas dirigidas a fortalecer la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas en el Gobierno. 

Las medidas buscan establecer mayores controles sobre la contratación de servicios profesionales, prohibir la participación de cabilderos en procesos de contratación pública y limitar las facultades del Ejecutivo para delegar responsabilidades mediante órdenes ejecutivas, evitando que se eludan los procesos de nombramiento y las facultades que corresponden a otros funcionarios y organismos gubernamentales.

“Las controversias públicas relacionadas con contrataciones y subastas han demostrado que la apariencia de acceso privilegiado puede socavar la confianza pública, incluso cuando no se pruebe una intervención indebida. El Gobierno no debe esperar a que se consuma un soborno o se pierdan fondos para proteger estos procesos. La prevención exige separar por completo el cabildeo remunerado de toda decisión que pueda comprometer dinero o bienes públicos”, expresó Denis Márquez Lebrón, portavoz del PIP en la Cámara de Representantes.

Márquez Lebrón recordó que, el Proyecto de la Cámara 1333, radicado por la delegación del PIP el pasado julio de este año, tras todas las denuncias que surgieron públicamente sobre conflictos de intereses y la utilización de las funciones del secretario de la Gobernación para influir en asuntos de política pública y contratación gubernamental, busca establecer límites claros en la delegación o transferencia de facultades del Gobernador así como para prohibir nombramientos de personas que hayan ejercido funciones de cabildeo durante los 15 años anteriores a la fecha de su designación.

Para el PIP, este grupo de medidas responde a la preocupación de que, durante décadas, los gobernadores han utilizado las órdenes ejecutivas para delegar facultades y concentrar la toma de decisiones en funcionarios designados por ellos, agudizándose más en esta administración. Añadieron que estas preocupaciones surgen en el contexto de señalamientos sobre irregularidades y posibles actos de corrupción en la contratación pública, así como de dudas sobre la eficacia de la fiscalización y la rendición de cuentas.

En cuanto a las compras de energía, la delegación pipiola se reafirma en la importancia de la aprobación del Proyecto de la Cámara 797, para devolver el poder y el control del sistema eléctrico al pueblo de Puerto Rico, con participación ciudadana y un sistema de gobernanza reformado, para que sirva a los intereses del pueblo, no al lucro de las empresas privadas.

“Ninguna orden ejecutiva puede utilizarse para crear cargos, otorgar poderes que no concede la ley, o sustituir la autoridad de funcionarios legítimamente designados. La coordinación gubernamental no puede ser una excusa para saltarse la ley y concentrar el poder evadiendo los controles establecidos constitucionalmente”, concluyó por su parte, la portavoz alterna del PIP en la Cámara de Representantes, Adriana Gutiérrez Colón.

“Puerto Rico no necesita más funcionarios con poderes improvisados, ni gobiernos que conviertan las órdenes ejecutivas en instrumentos para concentrar autoridad y favorecer intereses particulares. Necesita un gobierno donde nadie esté por encima de la ley, donde cada contrato se haga con transparencia y donde el dinero del pueblo no esté sujeto a influencias ni privilegios. Estas medidas buscan cerrar las puertas a la corrupción, poner límites al poder y devolverle al país la confianza en sus instituciones. Gobernar no es disponer del gobierno como si fuera propiedad de quien gana las elecciones; es administrar con responsabilidad los recursos que pertenecen a todos los puertorriqueños”, expresó, por su parte, Dalmau Ramírez.