Entre las medidas vetadas por la gobernadora se encuentra el llamado “Código de Incentivos de Puerto Rico”.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el jueves tres medidas y vetó tres.

Las medidas que la gobernadora vetó fueron: el Proyecto de la Cámara 881 del representante Emilio Carlo que enmendaba el inciso (a) de la sección 1020.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, mejor conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que los empleos a tiempo parcial y el autoempleo están cubiertos bajo la definición de microempresas; entre otros fines relacionados.

La gobernadora la vetó porque ampliaba el acceso a incentivos y beneficios sin garantizar la creación de empleos ni el retorno económico esperado.

De otra parte, no le dio paso al Proyecto de la Cámara de la representante Elinette González Aguayo que autorizaba a los municipios establecer el modelo de Oficinas Municipales para la Protección Animal y Control de la Sobrepoblación (OPACOS); determinar su financiamiento; y disponer reglamentación. González Colón rechazó la medida porque a su juicio le impondría cargas fiscales adicionales a los municipios.

Finalmente, del representante Héctor Ferrer Santiago vetó la Resolución Conjunta de Cámara 156  para ordenarle al Departamento de Transportación y Obras Públicas realizar una investigación abarcadora sobre las posibles maneras para mitigar la vulnerabilidad que enfrenta la Carretera PR-187 a causa de las marejadas y otros fenómenos meteorológicos; sobre la posibilidad de mover esta carretera hacia el sur de su actual localización en los tramos en que sea posible; y para otros fines relacionados.

La gobernadora alegó que la Autoridad de Carreteras y Transportación atiende la situación desde el 2022.

No obstante, la gobernadora firmó La Ley 215-2026 que establece la implementación obligatoria de planes de prevención, acción y mitigación de incidentes de tiradores activos en todas las dependencias públicas, con capacitación y coordinación entre agencias. Por su parte, la Ley 216-2026 dispone una evaluación individualizada de los antecedentes penales de quienes soliciten certificaciones o licencias como aprendices, ayudantes o peritos electricistas, con el propósito de facilitar la reinserción laboral de personas rehabilitadas. La medida exige considerar la gravedad del delito, el tiempo transcurrido, la rehabilitación y el riesgo para la seguridad pública, pero mantiene prohibiciones para personas convictas de determinados delitos sexuales, maltrato de menores, secuestro, trata humana y maltrato o explotación de adultos mayores.

Asimismo, la Resolución Conjunta 75-2026 autoriza a la Autoridad de Tierras a liberar determinadas restricciones sobre un terreno en el barrio Arenas de Utuado para permitir la segregación del predio donde ubica la residencia de la familia González Santiago. Finalmente, la Ley 217-2026 concede un derecho preferente de adquisición a usufructuarios y arrendatarios que hayan realizado mejoras necesarias y útiles, con recursos propios, en propiedades gubernamentales que dejaron de tener utilidad pública. Estos ocuparán el cuarto lugar en el orden de preferencia, antes de los propietarios de terrenos colindantes, siempre que estén en posesión del inmueble y hayan cumplido sus contratos.