El paquete legislativo incluye créditos de hasta $300 para familias elegibles, ayudas de hasta $1,500 para pequeños comercios y planes de pago sin intereses.
El autor de la medida, Jorge Navarro. Archivo/NotiCel.
El representante Jorge Navarro Suárez anunció la radicación de un paquete de cinco medidas legislativas que busca aliviar el impacto del aumento en la factura de electricidad, mediante ayudas directas por $60 millones a familias y pequeños comercios, mecanismos para devolver a los abonados recobros a suplidores de combustible y alternativas de pago para sectores comerciales e industriales.
La iniciativa responde al ajuste tarifario aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico para el trimestre de octubre a diciembre de 2026, que elevó el costo de la electricidad en 5.2848 centavos por kilovatio-hora.
Según los datos incluidos en el anuncio del legislador, la factura de un hogar con un consumo mensual de 800 kilovatios-hora aumentó de $228.59 a $270.86, una diferencia de $42.27, equivalente a un incremento de 18.5%.
En el caso de un pequeño comercio con un consumo de 1,200 kilovatios-hora mensuales, la factura subió de $371.82 a $435.24, un alza de 17.1%.
Navarro Suárez sostuvo que las medidas buscan atender tanto el efecto inmediato del aumento tarifario como los costos adicionales asociados a las interrupciones en el suministro de gas natural y la necesidad de recurrir al diésel para generar electricidad.
La Resolución Conjunta de la Cámara 425 propone crear el Programa Temporero de Alivio del Costo Energético, con una asignación de $60 millones procedentes de fondos no comprometidos del Fondo General del Tesoro Estatal.
La propuesta divide los recursos en dos partidas de $30 millones cada una: una para los hogares y otra para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
En el caso de las familias, la iniciativa contempla un pago único de hasta $300 por cuenta eléctrica para hogares elegibles al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) o al Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP).
La propuesta establece la inscripción automática para los participantes del PAN y concede prioridad a hogares con personas mayores de 60 años y familias que dependan de equipos médicos eléctricos necesarios para preservar la vida. La administración del programa estaría a cargo de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).
Los otros $30 millones se destinarían a pequeños comercios mediante créditos escalonados según su consumo mensual de electricidad. La propuesta contempla ayudas de $250 para negocios que consuman hasta 2,000 kilovatios-hora; $600 para los que consuman entre 2,001 y 5,000; $1,200 para aquellos con un consumo de 5,001 a 15,000; y $1,500 para los que superen los 15,000 kilovatios-hora.
Los créditos estarían sujetos a un límite de hasta el 50% del aumento trimestral y se administrarían a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
La medida también prioriza a panaderías, supermercados, distribuidores de alimentos y negocios ubicados en centros urbanos tradicionales que mantengan sus operaciones y empleos.
El periodo propuesto para recibir solicitudes se extendería hasta el 30 de abril de 2027.
Otra de las piezas principales es el Proyecto de la Cámara 1542, que propone enmendar la Ley 57-2014 para establecer que las indemnizaciones, penalidades, créditos y otros pagos obtenidos de suplidores de combustible o energía por incumplimientos contractuales se contabilicen por separado y se acrediten a los abonados durante la reconciliación trimestral de las tarifas.
La medida pretende que esos recobros se utilicen primero para compensar más de $80 millones en costos de combustible sustituto que permanecen diferidos y para acreditar a los consumidores cantidades previamente facturadas.
Entre los montos mencionados en la propuesta figuran $74.5 millones pagados por excesos de nominación y reclamaciones federales estimadas en $100 millones.
El proyecto también establecería un límite de 10% a las deducciones por costos de cobro no presupuestados y exigiría notificar a la Asamblea Legislativa con 30 días de anticipación sobre transacciones o desistimientos de $5 millones o más.
El propósito, según Navarro Suárez, es asegurar que los recobros a suplidores que incumplan sus contratos se traduzcan en beneficios directos para los consumidores.
El paquete incluye, además, enmiendas al Proyecto de la Cámara 133, que se encuentra ante el Senado, para incorporar a pequeños comercios con una carga conectada menor de 50 kilovoltioamperios (kVA) a la denominada Ley de Planes de Pagos Justos.
La propuesta busca atender los $87.08 millones en atrasos comerciales mediante acuerdos de pago de entre 24 y 36 meses, sin intereses durante el primer año y con un pronto pago máximo de 10%.
Para comercios con buen historial de pago durante los 12 meses anteriores, se contempla la posibilidad de eliminar el pago inicial. Asimismo, se prohibiría suspender el servicio eléctrico mientras el comerciante cumpla con el acuerdo establecido.
Las enmiendas también proponen prorratear automáticamente, en hasta seis mensualidades sin intereses, los aumentos trimestrales de tres centavos por kilovatio-hora o más. El ajuste correspondiente al trimestre de octubre a diciembre de 2026 estaría expresamente incluido.
La propuesta encomienda al Negociado de Energía establecer una opción de facturación nivelada dentro de un plazo de 90 días.
Por su parte, la Resolución Conjunta de la Cámara 424 propone que la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) establezca un programa de alivio para inquilinos industriales cuya factura o cargo energético haya aumentado al menos 15% desde el 1 de octubre de 2026.
El mecanismo permitiría diferir hasta tres meses consecutivos de renta, con el compromiso de repagar las cantidades en 12 mensualidades sin intereses ni recargos.
La medida dispone que PRIDCO habilite el programa en un plazo de 30 días y que su implementación sea compatible con el contrato de fideicomiso vigente y el Plan Fiscal certificado.
Según la exposición del legislador, la alternativa busca aliviar la presión sobre la liquidez de plantas manufactureras y otros negocios que enfrentan aumentos mensuales de entre $4,851 y $29,109 en sus facturas eléctricas.
El paquete también incluye el impulso de vistas públicas urgentes sobre el Proyecto de la Cámara 1474, presentado el 5 de octubre de 2026, que busca atender la continuidad del suministro de gas natural a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan.
De acuerdo con los datos citados por Navarro Suárez, operar esas unidades con diésel durante un mes puede añadir cerca de $17.5 millones en costos, equivalentes a entre 1.2 y 1.3 centavos por kilovatio-hora en la tarifa eléctrica.
El legislador afirmó que las propuestas fueron diseñadas para cumplir con los requisitos fiscales y regulatorios aplicables, incluidos los parámetros de la Ley 22-2016 y la sección 204 de PROMESA.
Navarro Suárez expresó que su objetivo es lograr la aprobación de los mecanismos de recobro, los planes de pago para comercios y el diferimiento de renta industrial antes del cierre de la sesión ordinaria, mientras se tramitan las certificaciones necesarias para asignar los $60 millones en ayudas directas.
Las propuestas anunciadas todavía requieren completar el trámite legislativo correspondiente para convertirse en ley. Por tanto, los créditos y beneficios descritos no constituyen ayudas disponibles para solicitar de inmediato.
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