Planteamiento de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó voluntariamente información de personas migrantes a autoridades federales.

La gobernadora Jenniffer González Colón rechazó el jueves el planteamiento de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó voluntariamente información de personas migrantes a autoridades federales y sostuvo que la agencia respondió a un requerimiento federal.

“Bueno, estás partiendo de una premisa incorrecta. Hay un subpoena de una agencia federal al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Yo lamento muchísimo que una organización tan prestigiosa como esa haga una expresión incorrecta. Hay un subpoena federal contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas requiriendo información de unas personas. Y ese subpoena fue lo que el Departamento de Transportación y Obras Públicas contestó”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

La gobernadora sostuvo que caracterizar la entrega como voluntaria es incorrecto y defendió que las agencias del Gobierno tienen que cumplir con requerimientos de las autoridades federales.

“Decir que se entregó información de manera voluntaria es irresponsable. Hay un subpoena federal y las agencias del gobierno de Puerto Rico tienen que cumplir con los mandatos federales”, expresó.

Al preguntársele si primero se recibió el requerimiento federal y posteriormente se entregó la información, González Colón respondió: “Correcto”.

La reacción ocurre luego de que la ACLU cuestionara la actuación del DTOP relacionada con información entregada a la Agencia Federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y anunciara que evalúa posibles acciones legales en los tribunales estatales y federales.

Además, la directora ejecutiva de la ACLU, Annette Martínez Orabona, sostuvo que la organización solicitó desde junio de 2025 conocer el requerimiento realizado por las autoridades federales, pero que el DTOP no entregó los documentos hasta luego de un litigio.

Según la información entregada a la organización, el requerimiento federal fue enviado al DTOP el 26 de enero de 2025 y solicitaba información relacionada con personas incluidas en los registros de la agencia.

La ACLU informó que los documentos incluían, entre otros datos, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, ciudadanía, dirección residencial, municipio, código postal y número telefónico de 6,321 personas, en su mayoría con estatus migratorio no definido.

El abogado Fermín Arraiza dijo que la organización evalúa reclamaciones por violaciones de derechos civiles que podrían presentarse tanto contra funcionarios federales como estatales, incluyendo la posibilidad de pleitos individuales o una acción de clase.