La jueza Laura Taylor Swain rechazó hoy una petición que hubiera tenido el resultado de detener todo proceso de adjudicación de contratos de energía temporera, mientras ella evalúa la reclamación judicial que presentó el consorcio encabezado por la empresa Power Expectations (PE).

La jueza, que atiende la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no fijó fecha para una vista en la reclamación que el contratista presentó después de que la autoridad canceló su contrato con valor de casi $6,000 millones, por directriz de la Junta de Control Fiscal (JCF).

En vez, estableció un calendario de mociones que llega hasta el 27 de octubre y luego de eso decidiría o pautaría vista. El contratista le había pedido una vista a más tardar el 13 de octubre y argumentó que se afectaría su interés si se permitía que la autoridad siguiera adelante con otras contrataciones de energía temporera.

La Junta dijo a la jueza que va a asumir la representación de la AEE en esta demanda, pero que no son una parte en sí para efectos del litigio. Adelantó también que lo que pide el consorcio, una orden para que la AEE retome el contrato que canceló, está prohibido por la Ley PROMESA, a menos que la Junta lo consienta, porque implica un acto de administración de los activos de una entidad en quiebra (la AEE).

La AEE fundamentó la cancelación en que el consorcio no había completado la entrega de su fianza de cumplimiento. Pero la orden de la JCF para cancelarlo ocurrió después de que se levantaran dudas sobre si medió fraude en la firma del contrato. Esto, porque un convicto federal por crímenes financieros aparece firmando como representante de un miembro del consorcio, pero ese miembro del consorcio dijo que no conocía a esa persona, no estaba autorizado a comparecer en su nombre y que, desde más de seis meses antes, le había dicho a PE que no seguiría como miembro del consorcio. El proceso de adjudicación y firma es ahora objeto de una investigación legislativa, así como de investigaciones administrativas y criminales, tanto a nivel estatal como federal.

El contrato de PE fue el primero que se adjudicó, de tres que se están negociando para dotar a la isla de al menos 800 megavatios de energía temporera por los próximos 10 años. En una ponencia ante la Cámara de Representantes, la Oficina de Compras de Terceros Independiente (3PPO en inglés) de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), precisó que las otras dos propuestas en negociación solo producirían 280 megavatios. Mientas, LUMA Energy LLC, certificó al Negociado de Energía (NE) el 4 de septiembre que persiste necesidad de entre 700 y 850 megavatios para estabilizar la red eléctrica. Por esto, y aún cuando las otras dos ofertas se concreten, habría que procurar hasta 570 megavatios de energía temporera adicional.

El NE había ordenado a 3PPO que administrara este requerimiento de propuestas y negociación de contratos. Pero, tras el escándalo con Power Expectations, 3PPO pidió que se le relevara de continuar con ese proceso, por lo que no está claro quién procuraría la capacidad para cubrir el déficit de energía. Además, 3PPO advirtió que las otras dos ofertas en negociación, de las empresas Gothams Energy LLC y Javelin Global Commodities LLC, están trancadas porque los contratistas piden condiciones de pago mínimo que no estaban en la propuesta original, lo que plantea la necesidad de descartar ese proceso y abrir uno nuevo con condiciones distintas.