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Abogado de Josué Colón iría a vista pública si AEE, AAPP y el zar lo relevan

Una comisión cameral acordó solicitar a la AEE y la AAPP que releven a su abogado contratado del privilegio abogado cliente.

Por Oscar J. Serrano Sep 9, 2026
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Abogado de Josué Colón iría a vista pública si AEE, AAPP y el zar lo relevan

El licenciado Juan González Galarza. (NotiCel/Juan R. Costa)

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes solicitará a las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y de las Alianzas Público Privadas (AAPP), así como al zar de Energía, Josué Colón Ortiz, que releven al licenciado Juan R. González Galarza de guardar la confidencia de las comunicaciones que tuvo con ellos como su abogado.

El relevo se supone que cubra todos los asuntos previos y posteriores a la firma del controvertible contrato de generación temporera entre la AEE y un consorcio encabezado por la entidad Power Expectations LLC (PE). Con esos relevos, se citará a González Galarza a una vista pública que todavía no tiene fecha.

Hasta ahora, la participación crucial que se le adjudica a González Galarza es que escondió de su clienta, la exdirectora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata Acosta, el hecho de que había una alegación de fraude sobre la composición del consorcio de PE. No se lo dijo cuando el abogado de un supuesto miembro del consorcio de lo puso por escrito a su otro cliente, la AAPP, y no se lo dijo cuando la AAPP, a través de su Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO), le recomendó a la funcionaria que aceptara el cambio de uno de los miembros del consorcio.

El contrato del abogado con la AEE consigna que tiene un “deber de lealtad completa” hacia esa entidad, que va más allá de la clásica postura conflictiva de tener que abogar algo a favor de otro cliente que es perjudicial a la AEE. También, es la “obligación continua de divulgar a la AEE toda información y circunstancias de sus relaciones con clientes y terceras personas que resultarían en un conflicto de interés que podría influenciar (al contratista) en el desempeño de sus responsabilidades bajo este contrato”.

Ya Colón Ortiz ha dicho que desde antes de la firma del contrato tuvo peticiones sobre el supuesto fraude en el consorcio, pero que no le merecieron urgencia. Un relevo del privilegio abogado cliente podría revelar si González Galarza conoció de los problemas con el consorcio igual que el zar, desde antes de la firma, y, por consiguiente, si la falta de divulgación a su clienta, la AEE, fue más profunda de lo conocido hasta ahora.

El hecho de que la solicitud cameral tiene tres recipientes para un mismo asunto (AEE, AAPP y Colón Ortiz) resalta el entretejido de relaciones que hay en las entidades gubernamentales que manejan la energía eléctrica en la isla, el cual que quedó en vitrina después de que se conocieran las actuaciones potencialmente fraudulentas que rodearon la firma del acuerdo con valor de casi $6,000 millones, y que fue cancelado por directriz de la Junta de Control Fiscal (JCF).

Al momento del contrato, González Galarza era, a la vez, abogado externo bajo contrato de dos entidades distintas, la AEE y la AAPP. Pero, su contrato con la AAPP dice también que ofrecerá asesoría “en asuntos relacionados con la Oficina del Zar de Energía, adscrita a la Oficina del Gobernador, y a otras entidades gubernamentales relacionadas con la (AAPP)”, explicó el representante independentista, Denis Márquez Lebrón, ante preguntas de por qué había que pedirle un relevo separado a Colón Ortiz como zar de Energía si el funcionario es también director ejecutivo de la AAPP.

Esa directriz en el contrato permite también preguntar sobre si el abogado tuvo interacciones sobre este asunto con La Fortaleza o la 3PPO, la cual maneja bajo contrato una entidad del licenciado Osvaldo Carlo Linares. La 3PPO es el área de la AAPP que atiende las compras, propuestas y negociaciones en el sector de energía, cuando los operadores privados de la red, Genera PR y LUMA Energy, podrían tener interés en la transacción. Además, tanto González Galarza mediante su bufete como Carlo Linares mediante una de sus entidades corporativas, pueden asesorar a la AAPP en transacciones de alianzas público privadas no relacionadas con energía.

Cuando compareció a la vista ejecutiva el martes, González Galarza juramentó como representante legal de la AAPP y del zar. La orden ejecutiva 2025-005 que creó la Oficina del Zar de Energía como una adscrita a la Oficina de la Gobernadora, no menciona que ese funcionario tenga los poderes de hacer directamente contratos o de existir como una autoridad nominadora, como los jefes de agencias.

El relevo de las corporaciones públicas lo tendrían que conceder sus respectivas juntas de gobierno, pero el relevo del zar se planteó ayer como uno separado que tendría que conceder el mismo Colón Ortiz. “Hay que ver si él tendría esa facultad de decidir o no sobre esa renuncia de abogado cliente”, comentó el presidente de la comisión, el novoprogresista Víctor Parés Otero. Mientras González Galarza ejercía como abogado externo de la AEE, el director legal de la corporación es Alexis Rivera Medina, un exempleado de su bufete.

Hasta ahora, González Galarza ha sido exitoso en mantener la Comisión de Gobierno a raya. Cuando llegó a su vista dijo que la misma era ejecutiva porque así lo había determinado la Cámara. Pero luego el presidente de la comisión consignó que fue el testigo el que pidió que la vista fuera en privado y que él accedió. Pero, cuando Márquez Lebrón planteó convertir la vista ejecutiva en una pública para que los representantes hicieran preguntas y el testigo decidiera cómo iba a manejar su reclamo de comunicaciones privilegiadas, entonces el testigo se opuso porque se le había convocado para una ejecutiva, no pública.

Al salir del breve encuentro con los legisladores, González Galarza dijo que no estaba preocupado “en lo absoluto” por la pesquisa legislativa. Previamente, el abogado había dicho al Centro de Periodismo Investigativo que “el bufete no proveyó representación ni asesoría legal paralela a la AAPP y a la AEE en torno a este asunto”.

González Galarza y su bufete tienen al menos dos reclamaciones pendientes por supuesta mala práctica. Una, porque desistió de una demanda de impericia médica sin consentimiento de su cliente, terminó en un acuerdo confidencial extrajudicial en 2019. Otra, por embargo ilegal, sigue vigente.

La comisión tiene citado a Carlo Linares para el 15 de septiembre y a Zapata Acosta para el 21 del mismo mes.

Vea:

Josué Colón reconoce entrevista con el FBI en caso de Power Expectations

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