Pende de un hilo la continuidad de la firma de Osvaldo Carlo Linares para la evaluación y adjudicación de una empresa que supla energía temporera.

La gobernadora Jenniffer González Colón aseguró que las personas designadas para negociar un contrato que supera los $5,800 millones con un consorcio para proveer energía temporera la mantuvieron al margen de los procesos.

Las negociaciones ocurrieron entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP), la Oficina Independiente de Adquisiciones, conocida como 3PPO, y el Negociado de Energía con ejecutivos de la empresa Power Expectations. La Junta de Supervisión Fiscal concedió una aprobación condicionada que luego fue retirada.

“Eso no es un proceso que maneja La Fortaleza sino las Alianzas Público Privadas”, insistió González Colón.

El mega contrato fue anulado después que Enchanted Rock notificó que su participación y, a su vez, las firmas en los documentos no estaban autorizadas. Además, los ejecutivos de Enchanted Rock supieron que se le permitió a Power Expectations sustituirla con otra empresa sin obtener la autorización de la AEE.

La gobernadora sostuvo que citará a las personas involucradas en el frustrado contrato para obtener toda la información antes de determinar cuáles serán los siguientes pasos para finiquitar un acuerdo con una compañía que supla la energía necesaria.

“Todos los días hay un capítulo nuevo en esta discusión y la próxima semana citaremos una reunión con la Autoridad de Energía Eléctrica, las Alianzas Público Privadas y, ciertamente, el contratista (Osvaldo Carlo Linares) para discutir todos los elementos. Para mí, lo más importante es tener una firma, la que sea, que nos provea energía temporera”, dijo.

González Colón enfatizó que solicitará los detalles sobre los procedimientos existentes para la cancelación del contrato que era por 10 años.

“Tengo que recibir el insumo técnico y legal si hay que abrir un proceso de subasta nuevo o se le adjudica a otro. Esa data no la tengo para luego hacer una evaluación de reforma de cuál es el proceso de licitación y evaluación. Esta metodología era previa a llegar como gobernadora. El gobierno pierde el control de este proceso de adjudicación y con todo lo que ha pasado se abre la puerta para revisitar eso”, sostuvo.

González Colón recalcó que 3PPO es el principal responsable y no descartó cancelar el contrato de la firma Regulatory Compliance Services (ReComS) de Carlo Linares.

“Aquí hay una responsabilidad directa del 3PPO que el estado le delegó la evaluación y adjudicación para esta contratación y esto recae, a su vez, sobre a la APP. Tengo entendido que el director (Josué Colón) no tiene el voto para eso. Quien hace la contratación es la AEE. Hay una cadena de funcionarios que, posteriormente por ley en este caso el 3PPO, toma esa decisión”, indicó.