Los portavoces legislativos del Partido Popular adelantaron que seguirán fiscalizando y procurando que investigación contra Francisco Domenech tenga consecuencias.
Los portavoces legislativos del PPD, Luis Hernández y Héctor Ferrer. (Suministrada)
Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en Cámara y Senado cuestionaron que mientras miles de familias puertorriqueñas enfrentan interrupciones en el servicio de agua potable y constantes apagones, la gobernadora Jenniffer González continúa participando en fiestas, actividades políticas y eventos de recaudación de fondos, evidenciando, una preocupante falta de sensibilidad ante las necesidades del país.
Los portavoces hicieron el señalamiento a la vez que anunciaron una agenda de trabajo enfocada en atender las crisis de agua y energía, fiscalizar el uso de fondos públicos, combatir la corrupción, reducir el costo de vida y promover el desarrollo económico. “Hoy arranca una nueva sesión legislativa en medio de una realidad inaceptable. Mientras nuestro pueblo enfrenta problemas básicos como la falta de agua y los apagones, el Gobierno del PNP continúa reaccionando tarde y administrando las crisis cuando ya están encima de nosotros”, afirmó el portavoz cameral, Héctor Ferrer Santiago. “Esto no es solamente una sequía; es una sequía de prioridades y de capacidad del Gobierno del PNP”, añadió.
Por su parte, el portavoz senatorial Luis Javier Hernández Ortiz, cuestionó que, ante la crisis energética, la Gobernadora y el Partido Nuevo Progresista continúen sin ofrecer soluciones concretas a los constantes apagones y recordó que la delegación popular ha sido consistente en fiscalizar los contratos relacionados con la generación de energía, incluyendo los de Genera, New Fortress y la generación temporera.
“El país no puede seguir pagando la factura de la ineficiencia del Gobierno. Llevamos años denunciando estos contratos y solicitando investigaciones. Mientras tanto, LUMA y Genera se pasan la culpa unos a otros y el pueblo sigue a oscuras”, afirmó. El senador adelantó que la delegación popular volverá a presentar una medida para investigar el manejo de aproximadamente $5,000 millones relacionados con el sistema energético, luego de que una medida presentada anteriormente fuera derrotada por la mayoría del PNP.
En cuanto al agua, Hernández Ortiz recordó que la delegación popular había advertido sobre problemas de planificación y manejo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) antes de que la crisis alcanzara su nivel actual. También señaló que la corporación pública no ha utilizado más del 80% de determinados fondos asignados por FEMA y cuestionó que, en medio de la emergencia, no cuente con un jefe de operaciones. La delegación del Senado solicitará además un plan de acción a corto y largo plazo para atender la sequía, así como un informe detallado sobre el manejo de los salideros de agua en la isla.
Ambos portavoces adelantaron que la fiscalización será uno de los componentes principales de esta sesión. Hernández anunció que insistirán en que se nombre un oficial investigador por cada delegación para dar seguimiento a la resolución relacionada con Francisco Domenech y a la investigación del Fiscal Especial Independiente. “La salida de Francisco Domenech no es el final de este asunto; es el comienzo. El país merece conocer toda la verdad y determinar responsabilidades. Nuestra delegación continuará fiscalizando”, expresó el portavoz senatorial.
Ferrer Santiago, entretanto, sostuvo que Puerto Rico necesita una reingeniería de las agencias encargadas de velar por la ética, la transparencia y el buen uso de los fondos públicos.
En materia económica, Hernández Ortiz señaló que la reducción permanente de las tasas contributivas debe ser una prioridad y recordó que la delegación popular presentó una resolución para solicitar al Gobierno una reducción de 5% en el gasto presupuestario. Según explicó, esa reducción permitiría identificar aproximadamente $500 millones para ofrecer un alivio económico permanente a los contribuyentes.
Sobre la reforma de permisos, cuestionó que el Gobierno haya prometido cambios sin atender el problema fundamental: la falta de personal y recursos para procesar las solicitudes.
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