Tras la presentación el año pasado de una acusación contra 27 personas y entidades corporativas por soborno y fraude en trámites ante el Departamento de Hacienda (DH), el proceso ha producido declaraciones de culpabilidad y tres casos adicionales, incluyendo contra otro empleado de la agencia.

La redada de octubre de 2025 llamó la atención por involucrar a dos empleados públicos, Javier Relta Lebrón y Harry Muriel Falero, al frente de un fraude que sumó $3.5 millones, así como porque uno de los arrestados fue el dueño de un negocio ubicado justo al frente de la sede del tribunal federal en Hato Rey.

Pero este mes la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico sometió dos casos adicionales relacionados a la trama y se conoció que hay un cuarto caso que fue sometido en octubre pasado, bajo sello, y que tiene los indicios de ser el caso contra el participante cooperador del gobierno.

El caso contra Thomas “Tommy” Carrasquillo Ramírez se sometió de manera confidencial a la vez que el de la redada. La fiscalía le presentó una acusación directa por soborno, por la cual se declaró culpable de inmediato y ahora espera por una sentencia que ha sido pospuesta varias veces desde diciembre del año pasado. El hombre “estaba en el negocio de cobrarle a clientes para someter información contributiva falsa al DH e ilegalmente pagarle a empleados del DH para crear y someter información falsa a la DH para conseguir la eliminación de impuestos, evasión de impuestos y robo de fondos por individuos y corporaciones”. Su nombre no aparece asociado a una gestión legítima de contador público autorizado o de preparador de planillas.

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024. En junio de 2019, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares despidió fulminantemente al secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, después de que este dijera en radio que en su agencia operaba una “mafia institucional” y de que visitara las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI). El mandatario dijo que el funcionario nunca le había alertado de la existencia de esa “mafia institucional”, mientras que el despido fue uno de los eventos que detonó cuestionamientos y protestas contra el gobierno que conllevaron la renuncia de Rosselló Nevares. No se conocen de casos locales relacionados a esa imputación de “mafia institucional” en Hacienda.

En el foro federal, Carrasquillo Ramírez aceptó que cobraba 30% de la deuda contributiva eliminada y usaba parte de ese dinero para pagar a los empleados que manipulaban el sistema GenTax/SURI de Hacienda para eliminar la deuda. El hombre admitió culpa por un fraude total de $3.5 millones, que es también la cantidad alegada en el caso de la redada, y acordó entregar una colección de nueve relojes, incluyendo de las marcas Rolex, Omega y Cartier. Similarmente, el exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, también entregó una colección de relojes que había adquirido con ganancias corruptas cuando se declaró culpable en su caso.

Mientras Carrasquillo Ramírez espera por su sentencia, la fiscalía sometió dos casos relacionados a principios de este mes, antes de la renuncia de su exjefe, W. Stephen Muldrow. Uno es contra un tercer empleado de Hacienda, Luis A. Jiménez Guzmán, quien admitió que, entre febrero de 2019 y marzo de 2023, se dejó influenciar y recibió pagos para eliminar o manipular deuda contributiva. Específicamente, aceptó culpa porque en dos ocasiones en 2021 recibió dinero para esos trámites. En una instancia $10,000 y en otra $20,000. Aceptó que por sus manipulaciones el gobierno tuvo pérdidas por $5 millones, incluyendo por concepto de retención de contribuciones de empleados e impuesto sobre las ventas y uso (IVU).

Otro caso nuevo es el de Daniel Díaz Rodríguez, vendedor de un concesionario de autos de lujo, que pagó a otros acusados para eliminar $103,879 de su deuda contributiva personal para los años 2020, 2021 y 2022. Por los hechos del caso, se entiende que el vendedor coordinó con Carrasquillo Ramírez para que le pagara a dos empleados de la agencia por el trámite ilegal.

En cuanto a la redada, tras un plazo que estableció el juez federal Pedro Delgado, noticicaron su intención de declararse culpable varios de los acusados, incluyendo el exempleado de Hacienda, Muriel Falero. El otro exfuncionario, Relta Lebrón, no ha notificado si se declarará culpable.

Otro que aceptó culpa fue César Rodríguez Nieves, dueño del negocio frente al tribunal, 24 Marketplace, el cual se acogió a la protección de la Ley de Quiebras tras la acusación. Las corporaciones de Rodríguez Nieves, 24 Marketplace Inc., RB Marketplace, Inc., y A La Silla LLC, también levantaron las manos.

Notificaron lo mismo Carlos A. Rodríguez Ortiz; Suhail Pastrana Vega; Gabrielle López Berríos; Patria Silfia Báez; Héctor J. Baerga Ortiz; Rafael Tefel Santana; Hiram Firpi Cruz; y las corporaciones G Fitness and Body Performance LLC; Veevo LLC; Print Pro LLC; Red Point Pizza and Restaurant Corp.; y Líneas de Puerto Rico, Inc.

Los procesos están a cargo de los fiscales federales Marie Christine Amy y Seth Erbe.

Vea:

Federales arrestan a su vecino por red de soborno y evasión contributiva