Entre otros cambios, la nueva ley ajusta disposiciones sobre reciclaje, planificación territorial, clasificación de puestos, expropiación, contratación municipal y patentes municipales.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el martes dos leyes relacionadas con administración municipal y apoyo operacional a la Comisión Estatal de Elecciones y vetó tres proyectos sobre empleados federales, explotación financiera de adultos mayores y ciberseguridad.

“La explotación financiera de adultos mayores es un delito que implica aprovecharse deliberadamente de la vulnerabilidad de las víctimas. No existe evidencia que sustente que quienes cometen este tipo de infracción sean susceptibles a procesos de reeducación más efectivos que la imposición de las sanciones penales correspondientes”, sostuvo González Colón en comunicación al presidente del Senado.

La Ley 97-2026, correspondiente al Proyecto del Senado 777, enmienda el Código Municipal para aclarar facultades sobre propiedades declaradas estorbo público, flexibilizar procesos administrativos, modernizar estructuras municipales y establecer mayor certeza jurídica en la prestación de servicios.

La medida, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz por petición de la Federación de Alcaldes, también crea el puesto de director de la Unidad de Auditoría Interna e incorpora al director de la Oficina de Ordenación Territorial o al oficial de permisos municipal en disposiciones de inmunidad.

Entre otros cambios, la nueva ley ajusta disposiciones sobre reciclaje, planificación territorial, clasificación de puestos, expropiación, contratación municipal y patentes municipales.

Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes, respaldó la medida al señalar que atiende necesidades administrativas, fiscales, operacionales y sociales de los municipios.

González Colón también convirtió en ley el Proyecto del Senado 71, ahora Ley 96-2026, para permitir que empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico y de los municipios colaboren temporalmente con la Comisión Estatal de Elecciones mediante una licencia especial con paga.

Esa legislación enmienda el Código Electoral para conceder hasta 5 días laborables de licencia especial con paga a empleados requeridos para funciones a corto plazo en la Comisión durante años electorales.

La ley dispone que las solicitudes deberán ser atendidas por jefes de agencia, corporaciones públicas o alcaldes en un término no mayor de 48 horas.

Además, ordena a la Comisión Estatal de Elecciones, en coordinación con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, adoptar la reglamentación necesaria en un plazo de 180 días.

La gobernadora vetó el Proyecto del Senado 844, que proponía una moratoria temporera y ayudas económicas para empleados federales afectados por un posible cierre del gobierno federal.

Según La Fortaleza, la medida contenía disposiciones que podrían entrar en conflicto con regulaciones federales vigentes y no establecía criterios específicos para determinar quiénes serían elegibles a los beneficios.

La mandataria también vetó el Proyecto del Senado 781, que proponía crear un programa de desvío y reeducación para personas convictas por explotación financiera contra adultos mayores cuando existiera relación de consanguinidad o afinidad con la víctima.

González Colón sostuvo que ya existen mecanismos legales para atender situaciones en las que una persona adulta mayor no desee procesar criminalmente a un familiar o allegado, incluyendo acuerdos entre las partes y servicios de apoyo del Departamento de Justicia.

También señaló que la medida requeriría una nueva estructura administrativa, profesionales de salud mental, reglamentos, protocolos y personal especializado en las 13 regiones judiciales, sin que el impacto fiscal estuviera cuantificado ni contemplado en el presupuesto vigente.

El tercer veto fue al Proyecto del Senado 24, que proponía crear la Ley de Capacitación para la Seguridad Cibernética en Puerto Rico.

La gobernadora sostuvo que los objetivos de esa medida ya están contemplados en la Ley 40-2024, conocida como Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y son atendidos por Puerto Rico Innovation and Technology Service.