La semana pasada, la jueza superior Iris Cancio González había ordenado a la Comisión de Juegos recibir, tramitar y evaluar solicitudes de licencia de un grupo de operadores de máquinas de juegos de azar en ruta.

La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico presentó ante el Tribunal de Apelaciones un recurso para solicitar la revocación de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en el caso relacionado con solicitudes de nuevas licencias de dueños mayoristas u operadores de máquinas de juegos de azar en ruta. La petición fue acogida ayer.

“En la tarde de ayer, el Tribunal de Apelaciones acogió dicho recurso y ordenó la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia hasta tanto el foro apelativo disponga lo contrario. Como consecuencia de esta determinación, la Comisión de Juegos suspenderá automáticamente el recibo de nuevas solicitudes de licencias de dueño mayorista u operador”, dijo el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Lcdo. Juan Carlos Santaella Marchán, en declaraciones escritas.

La semana pasada, la jueza superior Iris Cancio González ordenó a la Comisión de Juegos recibir, tramitar y evaluar solicitudes de licencia de un grupo de operadores de máquinas de juegos de azar en ruta, tras declarar ha lugar una petición de mandamus.

“Esta sentencia confirma lo que estos comerciantes han sostenido desde el primer día, que la Comisión de Juegos no podía seguir cerrando la puerta, negándose a recibir solicitudes y manteniéndolos fuera de un proceso que la propia ley y el reglamento obligan a activar”, expresó el abogado Frank Torres Viada, portavoz legal de los demandantes, en declaraciones escritas, sobre la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

“La determinación del Tribunal de Apelaciones preserva el orden regulatorio mientras se atiende la controversia en el foro judicial correspondiente. La Comisión sostiene que la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, establece un marco legal claro sobre los términos, condiciones y plazos aplicables a los dueños mayoristas con licencias activas y a cualquier potencial nuevo solicitante”, afirmó, por su parte, Santaella Marchán.

“Asimismo, la Comisión reitera su deber de implementar, fiscalizar y proteger la integridad regulatoria de la industria, así como de salvaguardar el interés público, conforme a lo dispuesto en la Ley. A esos fines, continuará velando porque cualquier proceso de licenciamiento se lleve a cabo de manera ordenada, legal y conforme a la intención legislativa”, aseguró.

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