El Panel acogió la recomendación de la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, y resolvió no designar un Fiscal Especial Independiente, aunque refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental, que mantiene activa una pesquisa administrativa.
Exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez.
El jueves, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente determinó que no existe quantum de prueba para fijar comisión de delito contra el exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, en relación con préstamos otorgados por el Departamento de la Vivienda y Programas Federales del municipio.
El Panel acogió la recomendación de la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, y resolvió no designar un Fiscal Especial Independiente, aunque refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental, que mantiene activa una pesquisa administrativa.
El referido surgió a raíz de una comunicación de la excontralora Yesmín Valdivieso sobre una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico que cubrió el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2022, relacionada con varios préstamos concedidos por el municipio.
Según el informe reseñado, entre el 19 de enero de 2000 y el 24 de enero de 2020 el municipio otorgó 72 préstamos por 4,602,845 dólares, de los cuales se examinaron cinco por 1,190,000 dólares concedidos a empresas.
El Departamento de Justicia concluyó que no se puede sostener, sin lugar a duda razonable, que el exalcalde y los demás funcionarios hayan incurrido en conducta obstinadamente negligente constitutiva de delito ni que exista el elemento de intención criminal requerido para malversación de fondos públicos.
Asimismo, se determinó que las situaciones señaladas responden a fallas administrativas y que no existe prueba de intención específica de obtener un beneficio indebido mediante el uso de fondos o autoridad.
Por estas razones, el Panel decidió no designar un Fiscal Especial Independiente contra Rodríguez Rodríguez y otros funcionarios municipales, y refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental para la evaluación correspondiente.
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