La senadora Ada Álvarez Conde presenta análisis sobre el impacto fiscal de la Ley 60, que se estima cuesta más de $7,462 millones en exenciones contributivas a Puerto Rico

Según un estudio realizado por la firma Abexus Analytics para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el costo fiscal consolidado de la Ley 60 supera los $7,462 millones. Una cantidad que el propio gobierno reconoce como ingresos no recaudados, según presentó la senadora Ada Álvarez Conde en conferencia de prensa.

La presentación del impacto fiscal de la Ley 60, conocida por sus exenciones contributivas a inversionistas residentes, son según la legisladora el resultado de la petición de información 2025-0114 y otros informes recientes.

“La Ley 60 representa un subsidio multimillonario que, lejos de fomentar el desarrollo económico, profundiza la desigualdad en Puerto Rico”, denunció Álvarez.

Y es que, el DDEC también determinó que en el año fiscal 2016 estos incentivos representaron cerca de $7,400 millones. Además, el Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda estima pérdidas superiores a los $18,000 millones en ingresos.

“Esta realidad se da mientras en el país cierran escuelas, los hospitales se ven desbordados y los municipios pierden fuentes esenciales de ingresos. Mientras Puerto Rico enfrenta una de las tasas de pobreza más altas y los jóvenes se van o tiene problemas para conseguir una vivienda, la clase trabajadora, los profesionales y quienes están peleando por su salario, estamos debatiendo de donde salda el dinero de los municipios. Pues el gobierno le regala a individuos ultra millonarios, una tasa contributiva del 0% sobre ingresos sin exigirles la creación de empleo alguno”, denunció Álvarez Conde. “Eso es una doble vara contributiva, una injusticia fiscal y complicidad institucional, y ahora pretenden extenderlo aún más”, añadió.

Para la senadora, uno de los principales problemas es que la fiscalización de los decretos ha tardado 12 años.

“De 10,300 decretos otorgados entre 2020 y 2025 -de los cuales 3,464 corresponden a inversionistas individuales-, solo han revisado 1,000 y de esta cantidad se han revocado 317 decretos.  Además, la información oficial revela más de 2,000 incumplimientos detectados entre los beneficiarios de la Ley 60, lo que pone en evidencia la ineficiencia del sistema de control», explicó Álvarez Conde.

La funcionaria también cuestionó si la creación de 8,260 empleos justifica la reducción de ingresos de $7,462 millones, cuando sectores como la agricultura o el turismo generan muchos más puestos de trabajo con menos incentivos fiscales.

«Es una verdad incómoda que quieren silenciar, pero los que más se benefician del fisco son los que menos aportan».

Álvarez Conde también alertó sobre la falta de transparencia y rigor en los requisitos: «no se exige la creación de empleos, basta con tener un récord criminal limpio, adquirir una vivienda en dos años y realizar una donación de $10,000 a entidades sin fines de lucro (la misma cantidad que deberían abonar en caso de incumplimiento, a modo de multa). Ni siquiera es obligatorio informar sobre el uso real de las viviendas, lo que podría favorecer el alquiler a corto plazo en detrimento del acceso a la vivienda para los puertorriqueños».

“No podemos extender este privilegio” 

El Proyecto de la Cámara 505, actualmente en Comité de Conferencia, busca extender los beneficios de la Ley 60 hasta el año 2055. Para Álvarez Conde, incluso la propuesta de elevar la tasa del 0% al 4% sigue siendo “un parcho vergonzoso”, ya que ese 4% es inferior a lo que paga cualquier trabajador que gane apenas $9,000 anuales.

La senadora hizo un llamado urgente a los legisladores: “No podemos aprobar el PC 505. No podemos extender por 30 años más un esquema que sangra las arcas del país y expulsa a nuestra gente”. Además, anunció la aprobación de una nueva petición de información (2025-0137) para ampliar los datos sobre estas exenciones.

“La justicia fiscal exige que todos aporten por igual. Un trabajador puertorriqueño paga tasas que pueden superar el 25%, mientras los multimillonarios disfrutan de exenciones totales sobre dividendos, intereses y ganancias de capital. Puerto Rico no se levantará subsidiando privilegios; saldremos adelante haciendo justicia”, concluyó Álvarez Conde.