«Puerto Rico necesita jóvenes con una visión de liderazgo”, enfatizó la representante Pérez Ramírez.

Consciente de que el abuso sexual y la violencia de género constituye uno de los principales problemas sociales de la isla, la Cámara de Representantes de Puerto Rico junto a agencias salubristas buscan crear currículo especial para abordar la problemática desde el aula.

El Proyecto de la Cámara 344 (P. de la C. 344), de la autoría de la representante Odalys González González, propone educar a jóvenes estudiantes de escuela superior en temas de violencia doméstica, violencia de pareja y violencia de género. Además, contempla certificar a los participantes para que puedan impactar a sus pares y la comunidad, mediante charlas educativas en contra de este tipo de conducta.

Según propuesto, los participantes serían capacitados por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), en coordinación con el Departamento de Educación (DE) y el Departamento de Salud (DS).

Sin embargo, aunque las agencias reconocen la pertinencia del proyecto, advierten sobre retos presupuestarios para la implementación.

“LA medida requiere nueva estructura administrativa compartida entre OPM y DE. Sin una asignación recurrente identificada corre riesgo de ser insostenible. Se recomienda enmendarlo para que se incluyan fondos recurrentes que cubran el diseño, implementación, supervisión y seguimiento del programa”, señaló la doctora Rebecca Ward, directora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CVV) del DS.

La OPM destacó que el proyecto propuesto responde precisamente a esta necesidad de dotar a la juventud de herramientas para identificar señales de violencia o maltrato en relaciones afectivas, establecer límites saludables en sus relaciones y comprender los derechos y recursos legales. 

Empero, su creación y fiscalización de la certificación requeriría personal docente y profesional especializados, diseñadores de currículo, sistemas de registros académico, seguimiento y medición de impacto de impacto, entre otros aspectos que “sobrepasa las capacidades institucionales”, según citó Nelson Vélez, en representación de la procuradora Astrid Piñeiro.

 Esfuerzos vigentes

Durante la vista pública se citó la Ley 75 -2007, Ley de Talleres de Educativos para Prevenir el Abuso Sexual Infantil, como el marco legal vigente para tratar estos temas. No obstante, esta ley no cuenta con asignación presupuestarias.

A pesar de ello, el Departamento de Salud a través del CAVV, así como el DE y ASSMCA, han desarrollado e implementado múltiples iniciativas dirigidas a fomentar el bienestar emocional, la convivencia pacífica y prevención en los diversos sectores de la población incluyendo el entorno escolar y comunitarios.

 Tatiana Pérez Ramírez, presidenta de la Comisión de Educación, cuestionó a los deponentes sobre la posibilidad de consolidar los esfuerzos ya existentes entre agencias, evitando la duplicidad de recursos e incurrir en gastos adicionales.

Michelle Tirado, gerente de operaciones del Programa de Salud Escolar, Departamento de Educación, indicó que ya existe infraestructura que podría utilizarse. “El año pasado el Programa de Salud Escolar creó el Manual de Promoción de Relaciones Saludables y Prevención de Violencia en el Noviazgo que se implementó en 470 escuelas.  Si buscamos una medida de como implementar sin incurrir en gasto adicional, podemos comenzar con estos maestros que ya tienen el currículo” sugirió.

La propuesta busca operar como un esfuerzo interagencial.

“Es unirnos para delinear un plan estratégico para atender un problema real en Puerto Rico. Que se va a hacer bajo ley, para impactar a nuestros niños y jóvenes y certificar a estos jóvenes como líderes. La isla necesita jóvenes con una visión de liderazgo”, enfatizó Pérez Ramírez.

Frente a las preocupaciones por la falta de recurso humano, la representante González González defendió que la medida está alineada con la Ley del Proyecto de Servicio Comunitario Estudiantil, que exige a todo estudiante de escuela superior cumplir con 40 horas de servicio como requisito de graduación.

“Este es el proyecto que necesitamos. Aquí el recurso humano será la juventud -que ustedes mismos van a preparar- y no van a recibir ningún estipendio económico, pero sí horas comunitarias que tienen que completar”.

Finalmente, la Comisión otorgó 10 días a las agencias para coordinar una reunión y entrega a la Asamblea Legislativa, un plan estratégico interagencial que permita viabilizar el proyecto.