Con solo dos miembros, de siete autorizados en ley, el ente fiscal y su director ejecutivo retoman la rutina, al menos públicamente.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) retomó su rutina, al menos públicamente, después de que hace una semana comenzaran movidas del presidente Donald Trump para destituir a cinco de sus siete miembros.

El ente fiscal opera ahora con dos miembros, Andrew Biggs y John Nixon. No han comunicado si entre ellos escogieron a alguno para ser presidente o presidente interino. Antes, lo mínimo con lo que la Junta había operado fue con tres miembros.

Ayer, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica emitió carta a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) indicando que tienen hasta hoy, 8 de agosto, para someter los documentos y certificaciones sobre si la recién firmada ley que separa al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP) es consistente con el Plan Fiscal. Mujica adelantó la “preocupación” del ente de que la Ley 83 de 2025 “resultará en aumento significativo de costos administrativos”. Además, quieren saber si las “redundancias” que crea la ley son compatibles con el Plan Fiscal. Una vez aprobados, los planes fiscales son inexpugnables y cambian solo mediante la aprobación de un nuevo plan por parte de la JSF.

Por otro lado, el abogado general de la JSF, Jaime A. El Koury, emitió una autorización para la primera enmienda al contrato con el que el Departamento de Educación (DE) adjudicó a Citibank, N.A. el procesamiento de transacciones para las tarjetas que van a otorgar a cada escuela. El contrato está vigente hasta enero de 2028.

Las destituciones de los ahora exmiembros Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater, Luis A. Ubiñas y el que era presidente, Arthur J. Gonzalez, comenzaron al menos el viernes pasado en la tarde, según correos electrónicos que revisó Bloomber. El ente no reconoció la movida de Casa Blanca hasta el martes en la tarde y luego aseguraron que seguían operando regularmente solo con Biggs y Nixon.

Fuera de esto, Biggs dijo en sus redes sociales que “me opongo fuertemente a la destitución de mis colegas, la cual creo que es injustificada y será un retroceso para Puerto Rico”. Mientras, el expresidente de la JSF, y profesor de Derecho en la Universidad de Pennsylvania, David Skeel, se expresó a favor de que los destituidos demanden. Hay muy buenos argumentos legales de que (la JSF) es diferente a las agencias en las que las destituciones se podrían sostener, a pesar de la ausencia de argumentos creíbles de que hay causa para removerlos”, aseguró.

Con solo dos miembros, la Junta no puede dar fin a la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y hay duda sobre cuántas de sus funciones legales pueden cumplir. El presidente Trump puede escoger nuevos miembros mediante el proceso de listas que provee la Ley PROMESA y que son conformadas por los líderes congresionales de mayoría y minoría o puede hacer nombramientos solo suyos que tienen que pasar a confirmación del Senado federal.