La gobernadora anunció la decisión temprano esta noche.

Luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunciara un consenso entre la comisionada residente en Washington, Jenniffer Gonzalez, y los presidentes de la Federación y de la Asociación de Alcaldes, Carlos Molina y José “Joe” Román Abreu, para coordinar la apertura de comedores escolares junto al Departamento de Educación, la Junta de Control Fiscal vio con buenos ojos la decisión y emitió declaraciones al respecto.

«La Junta de Supervisión le dio la bienvenida a la decisión de la gobernadora Wanda Vázquez Garced que autoriza al Departamento de Educación reabrir algunos comedores escolares, pero solo para preparar los alimentos y, en coordinación con los alcaldes, hacer entrega de los mismos a los niños y jóvenes estudiantes», expresaron en un comunicado de prensa.

«La Junta de Supervisión entiende que esta población pronto recibirá los alimentos que se merece y de los que muchos dependen. Son múltiples los casos en que las familias dependen únicamente de los desayunos y almuerzos que proveen los comedores escolares», continuaron.

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A la vez, exhortaron al gobierno a tomar este momento como una oportunidad para desarrollar un plan a largo plazo que atienda emergencias venideras.

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«La Junta ha propuesto soluciones a corto, mediano y largo plazo para proveerle a los estudiantes sus alimentos en estos tiempos de emergencia, y le exhorta al gobierno a aprovechar esta oportunidad para desarrollar un plan a largo plazo que pudiera ser implementado rápidamente ante emergencias futuras. La Junta está comprometida en encontrar una solución permanente para garantizar que la asistencia alimentaria se brinda inmediatamente durante una emergencia y le solicitará al Congreso, que haga viable esta solución a largo plazo mediante legislación federal. Seguimos comprometidos en colaborar de cerca con el Gobierno de Puerto Rico en beneficio del pueblo», concluyeron.

Más temprano en la noche, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que autorizó al Departamento de Educación para que, en coordinación con los alcaldes que así lo soliciten, trabaje la confección de alimentos en los planteles escolares o centros Head Start, que serán distribuidos por personal de los municipios a los niños y niñas que previamente hayan identificado que así lo necesiten.

Ayer, un grupo compuesto por siete familias y cinco organizaciones sin fines de lucro radicó una demanda ante el Tribunal de San Juan para que ordenara al Departamento de Educación y a su secretario cumplir con su deber ministerial de abrir y operar los comedores escolares durante la crisis de salud pública que enfrenta el país.

Argumentaron que por disposición del Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos en Puerto Rico, firmado por la gobernadora el 18 de agosto de 2019, correspondía al DE “garantizar la seguridad alimentaria de la población durante situaciones de emergencia.”

Pero, además de la obligación impuesta por dicho plan, la agencia por mandato de la Ley federal de Comedores Escolares tenía la obligación de proveer alimentos a los estudiantes participantes del programa de comedores escolares “en aquellas circunstancias en que haya habido cierres no anticipados como el que ha ocurrido por la emergencia del COVID-19.”