De la manera en que opera al presente, las agencias, municipios y corporaciones públicas son responsables por los actos de hostigamiento sexual entre empleados en el lugar de trabajo, según el Código Civil de 2020.

El Senado aprobó un proyecto de ley para que, en caso de que un funcionario público sea encontrado responsable de hostigamiento sexual en el empleo, tenga que reembolsar de su propio bolsillo los fondos públicos que se destinaron a sus víctimas.

De la manera en que opera al presente, las agencias, municipios y corporaciones públicas —o sea, patronos— son responsables por los actos de hostigamiento sexual entre empleados en el lugar de trabajo, según el Código Civil de 2020, a menos que el patrono compruebe que tomó una acción inmediata correctiva.

“En aquellos casos donde se adjudique la responsabilidad solidaria y vicaria del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo cada una de sus tres Ramas —Ejecutiva, Legislativa y Judicial—, sus instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios, éstas podrán exigir la restitución, nivelación o reembolso de todos los fondos públicos pagados a las víctimas por los actos de hostigamiento sexual”, cita la medida, codificada como el Proyecto del Senado (PS) 135, de la autoría de Rosamar Trujillo Plumey.

La medida, que es una enmienda a la Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo (Ley 17 de 1988) recibió 23 votos a favor.

“Nadie debe quedarle duda de lo repudiable que resulta el hostigamiento sexual en todas sus modalidades, así como la responsabilidad que recae sobre los patronos para tomar todas las medidas y previsiones necesarias para evitarlo en los escenarios de trabajo”, expresó Trujillo Plumey.

«Además, del deber de ser proactivo cuando surgen situaciones o denuncias en las cuales se garantice el estricto cumplimiento de los protocolos y se les garantice sus derechos a las partes afectadas de asegurarle su bienestar emocional y el respeto a su dignidad e integridad. Igualmente, hay un deber en fijar toda la responsabilidad posible cuando aquellos patronos no toman el proceder correcto en sus escenarios de trabajo», añadió la autora de la medida.

La senadora María de Lourdes Santiago Negrón explicó que la práctica común era “socializar” la responsabilidad de una situación atroz, pero con el proyecto de ley al menos se buscaba que el peso último cayera sobre los hostigadores, en lugar del pueblo.

“Cualquier sentencia y/o estipulación será pública y contendrá un acuerdo o plan de pago entre la persona que incurrió, o se alega incurrió, en conducta constitutiva de hostigamiento sexual y el Gobierno, agencia, municipio o corporación pública sujeta al pago con fondos públicos de la sentencia para hacer efectiva la restitución, nivelación o reembolso de los mismos”, continúa la medida.

El PS 135 pasará a la Cámara de Representantes y, de ser aprobado, será evaluado por el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

Según el informe de la medida, la procuradora de las mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, fue enfática en que la responsabilidad absoluta del Estado como patrono en torno a estas conductas no podía desaparecer en su totalidad, pues de esa forma se propiciaba el hostigamiento.

De la manera en que estaba escrita la medida, únicamente se prohibía el desembolso de fondos públicos ante reclamaciones por hostigamiento sexual. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico también planteó que el Estado no puede liberarse de su responsabilidad.

Boria Vizcarrondo, por su parte, propuso la imposición de responsabilidad al Departamento de Justicia para presentar la acción de recobro.

En la discusión de la medida se recordó el caso de Guaynabo y el exalcalde Héctor O’Neill García y su hijo, Héctor O’Neill Rosa. Luego de una decisión judicial federal, el ayuntamiento fue ordenado a pagarle un millón de dólares a una exempleada que fue acosada y sufrió represalias al comunicar la situación que la aquejaba. Incluso, en un momento de la controversia la Legislatura Municipal colgó una resolución para separar $600,000 de su presupuesto a cambio de que la abogada exempleada desistiera de la demanda por hostigamiento sexual y laboral.