La jueza de quiebras aclara también que todavía hay oportunidad de buscar remedios por los orígenes de la crisis fiscal en distintos foros, incluyendo el criminal.

Al confirmar el Plan de Ajuste de Deuda (PAD), la jueza de quiebras Laura Taylor Swain dice que tomó en cuenta «el dolor y la esperanza» de los puertorriqueños y comentó que la confirmación no evita que sigan esfuerzos en distintos foros, incluyendo el penal, para atender cualquier irregularidad en las emisiones de deuda pública.

Las expresiones de la jueza ocurrieron en el documento de 226 páginas que se integra a la orden de confirmación y que consigna sus hallazgos de hecho y conclusiones de derecho con relación a la reestructuración de la deuda del gobierno central y los sistemas de retiro.

Swain repasa las posturas de las distintas partes que participaron en el caso y recala también sobre las cientos de cartas que recibió de ciudadanos comunes y corrientes, muchos de ellos pensionados, que le comunicaron «con pasión y tristeza» la ansiedad que sienten, su molestia por la forma en que el gobierno tomó prestado y malgastó dinero, «frustración» con las medidas económicas que tomó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), su preocupación por la disponibilidad de servicios esenciales, y el «orgullo e inquietud» que sienten por la Universidad de Puerto Rico (UPR).

«Al evaluar si el propuesto plan de ajuste debería ser confirmado, el tribunal consideró las presentaciones legales y evidenciarias de las partes con interés, y el contexto más amplio de dolor y esperanza con el que Puerto Rico se mueve adelante», dijo la jueza.

Al reconocer que en las comunicaciones prevalecía la petición de que se hiciera una auditoría de la deuda, Swain expuso que los estándares legales que gobiernan la confirmación no requerían una auditoría. Pero aclaró que la confirmación del Plan «no cierra la puerta a más investigaciones, sea por canales regulatorios, criminales o de litigio civil, sobre los orígenes de la crisis de deuda de Puerto Rico y el uso de los ingresos en las emisiones anteriores a la Ley PROMESA».

«La corte no está para determinar si políticas, asignación de recursos o transacciones particulares son óptimos; el tribunal determina si el plan propuesto cumple con los requisitos legales para la confirmación de un plan de ajuste. Este proceso mayormente mira hacia el futuro. Los estándares legales aplicables no requieren una auditoría de la creación y disposición de préstamos pasados», consignó.

En expresiones directamente al público, y tomando en cuenta lo que sigue después de la confirmación, Swain dijo que «urge al pueblo de Puerto Rico a usar sus recursos y voces bien, y urge a los que gobiernan y a los que supervisan a Puerto Rico a escuchar esas voces, para tomar decisiones sabias y explicarlas bien, y para liderar a Puerto Rico a un futuro mejor, más brillante y más vibrante, de estabilidad económica y crecimiento».

Durante las décadas que estará en vigor, el PAD contiene acuerdos que, de no cumplirse, cualquier parte afectada puede recurrir al tribunal, sea Swain o cualquier otro juez que la sustituya una vez no esté. La definición de parte afectada es amplia porque no es solo bonistas, sino también empleados públicos y pensionados que están cubiertos por disposiciones específicas como, por ejemplo, que no habrá recorte a los pagos mensuales de los pensionados.

«Le debemos a la jueza Swain una deuda de gratitud por su liderato incansable, su diligencia ejemplar y su dedicación a una solución justa para la crisis de deuda en Puerto Rico», dijo la Junta al reaccionar a la confirmación del PAD.

La confirmación del martes no termina el proceso de quiebras ya que, además del mencionado periodo de vigencia y cumplimiento, a la Junta le queda todavía atender con la jueza la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

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