La propuesta debe ser presentada a la Junta de Control Fiscal el próximo 29 de enero.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y su equipo de trabajo configuran un presupuesto para el próximo año fiscal mayor al vigente y que buscará dejar atrás la práctica de subestimar gastos, que luego impide a las agencias cumplir con sus deberes o servicios a la ciudadanía.

A 10 días para entregar la propuesta de presupuesto a la Junta de Control Fiscal (JCF), la secretaria de la gobernación Noelia García Bardales ofreció los puntos de partida para el ejercicio matemático.

El presupuesto que acaba el el 30 de junio asciende a $10,045,000. El presupuesto consolidado con asignaciones especiales y federales, en promedio ronda los $22,000,000. El nuevo presupuesto rige desde el 1 de julio.

“El presupuesto actual es de $10,000 millones. Entendemos que va a ser por encima de ese, pero la realidad es que los Secretarios de agencia están identificando donde no hubo gastos según proyectados y donde se puede sencillamente transferir economías a otras áreas”, precisó García Bardales en rueda de prensa en La Fortaleza luego de una reunión entre el Gobernador y su gabinete.

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Por segunda ocasión desde que juró al cargo el pasado 2 de enero, el mandatario se reunió con los jefes y jefas de agencia para afinar detalles del presupuesto, que debe entrar a la JCF el 29 de enero.

Pierluisi Urrutia -quien ayer partió a Washington, D.C. para asistir a la toma de posesión del presidente Joe Biden- no participó en la conferencia de prensa, pero la Secretaria de la Gobernación se mostró confiada en que el ente fiscal -impuesto por el Congreso para cuadrar las finanzas públicas- aprobará la petición presupuestaria.

“Vamos a estar de acuerdo que lo que el Gobierno presente, el propio Gobernador va a dedicarse a convencer a la Junta que lo que se está solicitando es lo justo y lo que se necesita en este momento”, apuntó la funcionaria.

Según García Bardales ese nuevo presupuesto contempla las prioridades presupuestarias de la nueva administración. Mencionó, por ejemplo, el adiestramiento de personal, aumento de salario a los guardias correccionales, a los maestros de materias de difícil reclutamiento como el inglés y las matemáticas, la contratación de inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor y de oficiales de querellas en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la expansión de la educación Montessori en las escuelas vocacionales, el plan de reclasificación y retribución de los empleados públicos, la digitalización de las agencias, los mercado agrícolas y la apertura de Centros de Diagnóstico y Tratamiento las 24 horas en los 78 municipios.

La petición presupuestaria también incluirá las partidas necesarias para apoyar el estado de emergencia para combatir la violencia de género, que el Gobernador prometió decretar durante su campaña a la gobernación. Pierluisi Urrutia indicó la semana pasada que divulgará la directriz próximamente.

“La lista es infinita pero tenemos que empezar a mejorar y se empieza empezando, ¿Y qué tenemos que hacer identificar? El presupuesto que necesitamos y cuál es la proyección de gastos que se necesita incluir a ese presupuesto para estar seguros que eso básico lo cubrimos bien”, afirmó.

“Es importante que el DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas) tenga un presupuesto correcto para el mantenimiento de las carreteras, pero que no se limite a la reparación. Que incluya iluminación, semáforos, rotulación. Que no caigamos en el error de estar presupuestando por debajo de la realidad y contar con lo que verdaderamente cuesta tener las carreteras en condiciones correctas”, agregó en otro momento.

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No solo se trata de las agencias públicas. El próximo presupuesto tampoco restará recursos a los ayuntamientos, que en su mayoría se enfrentan a la insolvencia porque sus ingresos han mermado como resultado de la quiebra gubernamental y debido a políticas implementadas por la JCF.

“No impactar la aportación que ya se le da a los municipios. No podemos bajar un solo peso de ahí, pudiéramos subir, pero no bajar. Es bien importante que nuestros alcaldes estén atendidos y con la asignación de presupuesto correcta. Obviamente, no la ideal porque queríamos cubrir mucho más de las necesidades base pero empezamos empezando y lo primer es presupuestar correctamente”, subrayó García Bardales.

“No debe haber baja en sus presupuesto. El escenario perfecto es que sí, de facto, haya un aumento”, agregó.

Aunque la JCF acudió a los tribunales para invalidar la Ley 29, la Secretaria de la Gobernación planteó ayer que el Gobierno evalúa diversos escenarios para garantizar la salud fiscal de los municipios, incluyendo escenarios similares a los creados por dicho estatuto. La Ley 29 eximía a los ayuntamientos del pago de la aportación del plan de retiro y la cubierta médica de sus empleados. Con su anulación, los ayuntamientos han tenido que restituir el dinero que dejaron de pagar durante la vigencia de dicha Ley.

“Todo esto está siendo considerado (Ley 29). Inclusive los consorcios municipales… Los alcaldes tienen que hacen unos trabajos que corresponden la Estado. La intensión es integrar en el presupuesto el poder colaborar con esa gesta y, si es posible, pagarle en su totalidad por el trabajo que hace -a veces el alcalde’ que le corresponde al estado”, respondió a preguntas de la prensa.

Al ofrecer detalles del próximo presupuesto, García Bardales mencionó que hasta la fecha los recaudos del Departamento de Hacienda han estado por encima de lo proyectado.

“Todo lo que se recoge en exceso a lo proyectado va a un pote y ese pote se utiliza para poder atender la quiebra, en el momento en que salgamos de la quiebra todos esos excesos se pueden utilizar para administrar bien el país”, apuntaló.

El Gobierno elabora el presupuesto, pero la autoridad legal para realizar la proyección de ingresos corresponde la JCF, que hasta el momento no ha aprobado ninguna de las versiones presupuestarias de los pasados gobernadores.