Hasta el momento, se han presentado 31 medidas de administración, de las cuales solamente 2 han sido convertidas en ley.

La gobernadora, Jenniffer González Colón, sostuvo su primera conferencia legislativa con los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), donde discutieron prioridades programáticas y el avance de su paquete de medidas en la Asamblea Legislativa.

La reunión se dio con los presidentes de ambos cuerpos legislativos, Thomas Rivera Schatz en el Senado y Carlos “Johnny” Méndez en la Cámara de Representantes, quienes lideraron el diálogo sobre el futuro de la agenda gubernamental.

Hasta el momento, el Ejecutivo ha presentado 31 medidas de administración, de las cuales dos ya fueron convertidas en ley.

Una de ellas modifica los objetivos de energía renovable eliminando metas intermedias, bajo el argumento de que eran difíciles de cumplir y que la nueva legislación permitiría una transición más “realista y asequible”.

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La otra medida aumenta las multas que puede imponer el Negociado de Energía, con la intención de reforzar la fiscalización sobre contratos de Alianzas Público Privadas, incluidos los acuerdos con LUMA Energy y Genera PR. Según se discutió en la reunión, ambas leyes forman parte de los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

Entre las propuestas aún en trámite legislativo, se encuentra una que busca legalizar y reglamentar las estructuras sobre el agua en La Parguera, en Lajas. La medida pretende crear una “Zona de Planificación Especial Turística” que resolvería la incertidumbre jurídica de las casetas existentes, establecería un régimen de cobro por el uso del terreno público y financiaría obras permanentes en la Reserva Natural. También implicaría una coordinación directa entre el Departamento de Recursos Naturales, la Compañía de Turismo y la Junta de Planificación.

Otra de las iniciativas pretende reformar por completo el marco legal que rige a la Policía de Puerto Rico. Esta medida plantea la creación de una nueva Ley de la Policía, redefiniendo sus funciones y deberes, reorganizando capítulos legales existentes y derogando la Ley de Educación Continua de los agentes. La administración justifica el proyecto como un paso necesario para fortalecer el aparato de seguridad pública del país.