Las contrataciones podrían ser referidas a Justicia o ser objeto de demandas de recobro.

El Departamento de Educación (DE) ordenó la cancelación de casi todos los contratos que habían otorgado el año pasado para que locales sirvieran de planteles escolares en el sur en sustitución a las escuelas dañadas por el terremoto y que se mantuvieron activos a pesar de que la pandemia obligó a realizar las clases en modalidad virtual. También los sometió a evaluación externa para posible referido al Departamento de Justicia y acciones de recobro.

Sin embargo, la agencia no dijo ayer qué cantidad de fondos públicos ha desembolsado por los contratos ni si el funcionario que estuvo a cargo de las contrataciones, Alejandro Olmedo Borja, sigue en la dirección de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción del departamento.

NotiCel publicó ayer que, además de contratar al hotel Copamarina Beach Resort en Guánica para servir de plantel sustituto, se habían ejecutado otros 10 contratos con utilidad en duda ya que se mantuvieron activos a pesar de que la pandemia hizo innecesarios los planteles sustitutos en el área sur porque todo el sistema público se movió a clases virtuales.

Los contratos tienen valor de al menos $6 millones y el dinero supone ser reembolsable contra fondos federales por tratarse de contrataciones de emergencia por los terremotos. La semana pasada, cuando se confirmó la contratación de Copamarina por $1.4 millones, la agencia dijo que se habían pagado $279,000, pero ayer no entregaron la suma de lo pagado bajo todos los contratos.

En una declaración, la portavoz del DE, Cindy Villarraga, enfatizó que todas las negociaciones y ejecuciones de los contratos ocurrieron bajo la secretaría de Eligio Hernández, y que, a raíz de la publicación, se ordenó la cancelación de los contratos para siete locales y la paralización de negociaciones para otros 11.

“[T]odos los contratos serán evaluados y auditados por una firma externa de contadores públicos autorizados (CPA) y abogados, por razones de transparencia. Una de las áreas que se evaluará es el posible recobro de los pagos efectuados. Una vez tengamos el informe final, se evaluará su alcance, y de existir negligencia administrativa se actuará inmediatamente. De igual forma, del informe revelar alguna actuación criminal, se procederá al correspondiente referido al Departamento de Justicia”, añadió.

Los contratos cancelados son: Copamarina; dos con el municipio de Sabana Grande (por los centros comunales de Susúa y Pedro Enrique Torres); el del Club de Leones de Sabana Grande; y tres con el municipio de Yauco (por los centros comunales de los barios Rubias, Almácigo Bajo y Arturo Lluberas).

De los contratos todavía vigentes, el DE no explicó por qué mantuvo activo el de Intertrade Development Group para la ocupación del Complejo Ferial de Ponce por $1.5 millones hasta junio de este año.

El presidente de Intertrade, David Talavera Albarrán, indicó que el contrato del DE cubre las facilidades completas del Complejo y que se han mantenido en uso aún durante la pandemia para propósitos de oficinas regionales, almacén, cocina, centro de distribución de computadora y centro de vacunación. La renta mensual se está facturando y pagando completa, consignó. “Entiendo que las facilidades no han sido subutilizadas. En general, sí, han estado usando el complejo básicamente en su totalidad”, dijo a NotiCel.

Talavera recordó que el DE lo llamó para inspeccionar el lugar después de los terremotos de enero de 2020, y también la Guardia Nacional, en parte porque la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) ya les había alquilado los espacios después del huracán María.

El arquitecto y desarrollador Abel Misla Villalba es uno de los socios de Intertrade y a través de su propia empresa, Prime Property Management, tuvo cerca de $1.5 millones en tres contratos con el DE para proveer espacios después de los terremotos, pero su experiencia no fue igual que la de Intertrade.

Misla Villalba indicó que también habilitó y alquiló espacios a FEMA y otros contratistas tras el huracán María y que eso llevó a que el DE lo llamara después de los terremotos. Inicialmente los refirió al Complejo pero la necesidad de espacios era mayor así que ofreció tres locales que podía habilitar para alquilarlos a Educación, lo cual hizo pero “terminé perdiendo dinero”, aseguró. Esto porque la inversión de remodelación la cubrió con sus fondos y dependía de que los contratos duraran hasta junio para recuperar, pero fueron cancelados entre abril y mayo.

Desde febrero hasta mayor, pasando por la suspensión de clases presenciales a mediados de marzo por la orden ejecutiva de encierro, el contrato estuvo vigente y el DE le pagó acorde, aunque Misla Villalba no pudo proveer la cantidad total pagada cuando NotiCel lo alcanzó fuera de Puerto Rico para la entrevista. “Me acuerdo yo llamarlos y preguntarles (cuando la pandemia comenzó a arreciar), ¿paro o no paro (de habilitar los espacios)?, y me dijeron que no, que yo tenía un contrato y tenía que seguir y que estaban contando con los edificios”, aseguró.

“Esta semana sé que están buscando edificios en Ponce porque no tienen dónde poner a los estudiantes… no hay sitio”, dijo.

“¿Sus locales estarían disponibles otra vez?”

“Yo no… me quedé incómodo, siento que traté de ayudar y me arriesgué”.

Copamarina no contestó solicitudes de entrevista.

Vea:

Millones en contratos como el de Copamarina, para “sustituir” escuelas que están virtuales