En vista, la jueza de quiebras escuchó argumentos sobre hasta dónde pueden cobrar los acreedores de la deuda de $8,000 millones que acumula la corporación pública.

La jueza Laura Taylor Swain expresó ayer su expectativa de que el tira y hala por el tipo de garantía que tienen los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para cobrar su deuda pueda resolverse por acuerdo entre las partes, en vez de por la determinación que va a hacer sobre dicha controversia.

El anhelo de la jueza de quiebras quedó en récord después de una vista oral sobre la solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que se decida de manera sumaria una demanda que el ente fiscal sometió en 2019 contra el fideicomisario de la AEE, U.S. Bank National Association, y que se había mantenido en suspenso mientras ocurrían negociaciones. Los acreedores de la AEE tenían un acuerdo en principio sobre la reestructuración de la deuda de la corporación pública incluso desde antes de la creación de la Ley PROMESA y la JSF. Pero, después de distintas versiones, en marzo de 2022 el Gobierno de Puerto Rico ejerció su derecho a cancelar el acuerdo.

La jueza aceptó evaluar de manera acelerada la solicitud de sentencia sumaria. Si falla a favor de la JSF, es, para todos los efectos prácticos, una adjudicación de hasta dónde van a poder recobrar los acreedores. Pero si falla a favor de los bonistas, la demanda sigue un curso ordinario, y prolongado, que implica descubrimiento de prueba sobre las cuentas y activos de la AEE.

A la misma vez, la jueza pidió a la Junta que sometiera una propuesta de Plan de Ajuste de Deuda, lo que ya ocurrió, con miras a mantener corriendo los dos procesos paralelos y poder estar lista para confirmar un plan de ajuste en verano próximo.

Cuando se consideran las discusiones que hubo en la vista de ayer, y en vistas previas, surge que el paso del tiempo, y las estrategias de privatización, han llevado a los acreedores a una encerrona. Los activos de la corporación, como las plantas generadoras y la infraestructura de la red eléctrica, se han desinflado en valor y el propio flujo de capital, que es principalmente lo que se le cobra a los abonados por el servicio, está achicándose por el auge de los sistemas solares en las residencias y por la reducción poblacional.

Por tanto, la meta de los bonistas en el litigio es que su garantía se interprete como que tienen poder para obligar a la corporación a repagarles la deuda con sus ingresos futuros, como entienden que está establecido desde la creación del acuerdo de fideicomiso de la AEE en 1974. De esta manera, aunque los activos actuales estén devaluados y el flujo de capital se esté reduciendo, los acreedores seguirían teniendo reclamo sobre una parte de los ingresos futuros de la entidad pública por un tiempo indeterminado. La JSF ha planteado a la jueza que los sobrecargos que habría que imponer a los abonados para pagar lo que los bonistas piden acelerarían la deserción hacia los sistemas de energía verde y haría cada vez más difícil que los acreedores puedan cobrar.

Pero la JSF lo que plantea a la jueza es que, dentro del contexto de la quiebra, el acuerdo de 1974 no les da a los bonistas garantía sobre los ingresos futuros, sino solamente a los dineros que se encuentren en un fondo de reserva (“sinking fund”) que es la cuenta a la que llega el dinero separado para pago de los bonistas antes de que se les desembolse el pago. Tienen acceso solo a lo que está ahí en la quiebra, no a lo que pueda entrar ahí en el futuro cuando la AEE siga dando servicios después de salir de quiebra, plantea el ente fiscal.

“El eslabón débil (en el argumento de los bonistas) es la falta de garantía sobre los ingresos antes de que lleguen a fondo de reserva. La AEE no tiene que seguir operando hasta que todos los bonos estén repagados”, esgrimió el abogado de la JSF, Martin J. Bienenstock.

“Si se mira el acuerdo (de 1974) como un todo, se concluye que la preocupación principal de la AEE era poder seguir operando. Por eso es que no hay una garantía sobre el fondo general de la corporación, solo sobre fondos específicos”, secundó Peter Friedman, abogado del gobierno.

Para los abogados de los bonistas, la propuesta de la Junta pondría ‘patas arriba’ los principios básicos del mercado de deuda de corporaciones públicas.

“Usted acaba de escuchar un argumento de que nosotros prestamos $8,000 millones a cambio de nada”, ripostó Thomas Moers, abogado del Grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE. Enfatizo que el acuerdo de 1974 les provee garantías sobre “todos los dineros que estén disponibles para entrar en el fondo de reserva” y no solamente el que la AEE haya decidido colocar en el fondo. “Si lo único que tenemos es una garantía sobre el fondo de reserva, eso incluye el poder de obligar a que se ponga el dinero en el fondo de reserva”, subrayó.

“Pedimos que el acuerdo (de 1974) se interprete de una manera que tenga sentido… no estoy pidiendo una garantía que no tengamos”, añadió.

Vea:

Aumento de sistemas solares en hogares descalabró los cálculos de la deuda de AEE