En 2005, un grupo que incluyó a Fortress Investment Group (FIG) otorgó un préstamo de $770 millones a una corporación del entonces desarrollador Donald Trump para la construcción de un Trump International Hotel and Tower Chicago.

Como ha sucedido con otros desarrollos de bienes raíces vinculados con Trump, el proyecto no se realizó y se acumuló la deuda de los acreedores. La parte más grande de la deuda era con Deutsche Bank, mientras que la parte de FIG era de $130 millones. Trump los demandó a ambos y resolvieron con un acuerdo. En el caso de FIG, le perdonaron $52 millones de los $100 millones que quedaban pendientes de pago. Es decir, le regalaron al desarrollador más de la mitad de la deuda.

Veinte años después, en agosto de 2025, un tribunal apelativo de Nueva York confirmó que la maniobra con la deuda del hotel en Chicago constituyó fraude corporativo a nivel civil, una de las transacciones que la secretaria de Justicia de ese estado, Letitia James, presentó en una demanda contra Trump, sus hijos y algunas de sus compañías.

A la vez, 20 años después, los $52 millones que FIG le perdonó a Trump parecen convertirse en una cosecha de buena voluntad de parte del círculo de Trump responsable de su agenda de gobierno y de su estrategia de nombramientos judiciales. Específicamente en lo que tiene que ver con el monopolio sobre el suplido de gas que FIG tiene en Puerto Rico a través de su subsidiaria, New Fortress Energy (NFE).

Después de que en verano la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se opusiera al contrato de 15 años y $20,000 millones que el gobierno le aprobó a NFE, Trump destituyó a seis de los siete miembros del ente fiscal. Tras el episodio, NFE agradeció que Trump estuviera “proveyendo liderato en Puerto Rico”.

A pesar de acusar a NFE de chantaje por retirar una barcaza de gas como respuesta a la no aprobación del primer borrador de contrato, el gobierno de Jenniffer González Colón siguió negociando con la empresa y la semana pasada anunció un borrador nuevo. Ahora se reduce la duración del contrato a siete años (con opción a tres más) y se reclama que se redujo el costo a solo $4,000 millones. La administración no tomó ninguna acción sobre el contrato público que le da a NFE control sobre el único muelle para descargar gas en San Juan y, en vez, celebró que ahora la gasífera tendría que dejar que otras empresas lo usaran si alguna vez ellos fallan en una entrega. Según publicaciones especializadas, NFE se prepara para una quiebra ya que tiene $821 millones en caja para enfrentar deuda que asciende a $9,000 millones.

El anuncio de la gobernadora provocó que el jueves la Heritage Foundation (HF) la felicitara porque este acuerdo se alinea con el presidente Trump. “Heritage elogia a la gobernadora (González Colón) por abrazar la agenda de gas natual licuado del Presidente Trump para la seguridad energética”, dijo la organización. HF es la organización arquitecta del Proyecto 2025, un plan para rehacer el gobierno federal de manera rápida y respondiendo a políticas conservadoras que Trump ha adoptado como agenda de su presidencia.

El viernes en la noche, NFE coronó una semana de buenas noticias para sus intereses en Puerto Rico con otro impulso, esta vez de la judicatura.

El Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó intervenir con la decisión de la Comisión Federal de Regulación Energética (FERC en inglés) que le permite a NFE seguir operando su facilidad de desembarco de gas en el muelle de San Juan, a pesar de que no tienen los permisos de ese ente regulador. La demanda la presentaron grupos ambientales representados por Earthjustice.

La sentencia se basa en que NFE tenía permisos del gobierno estatal y a que levantó su instalación en respuesta a la emergencia causada por los huracanes Irma y María. Fue tres años después de esos desastres naturales que NFE comenzó su operación. El juez ponente, Gregory G. Katsas, fue asesor legal de Trump en Casa Blanca durante su primera presidencia. Es también un miembro de la Federalist Society, la organización conservadora de donde Trump ha sacado sus nombramientos judiciales. Esa entidad calficó la designación de Katsas como “ejemplar”. El juez ha estado también en la lista de Trump para el Supremo federal. Los otros jueces en el panel apelativo son Douglas H. Ginsburg, nombrado por Ronald Reagan, y Bradley N. Garcia, un nombramiento de Joseph Biden.

La decisión establece que permitir la operación de la gasífera en San Juan mientras la FERC completa su evaluación sobre el permiso está dentro de la “discreción” que tiene ese regulador, por lo que la evaluación del permiso sigue activa. Trump hizo dos nombramientos este año para comisionados de la FERC. Uno de ellos, David LaCerte, es también un colaborador de Proyecto 2025.

NFE desarrolló esa operación en el muelle, y obtuvo su primer contrato multianual para proveer gas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), teniendo en su equipo de Puerto Rico a un informante del gobierno federal llamado Adam Siegel. El hombre se había declarado culpable en 2015 por ilegalidades con precios de bonos mientras era ejecutivo del Royal Bank of Scotland. Empezó con NFE en 2014 y para 2019 la empresa dijo a la prensa que ya no trabajaba con ellos. Siegel fue informante cooperador por nueve años, hasta 2024, cuando se le revocó su acuerdo porque rehusó reunirse “con investigadores de otra fiscalía federal para una entrevista voluntara sobre otro asunto”, según un escrito de la fiscalía federal de Connecticut que no ofrece más detalles. Para su sentencia, una de las cartas recabando clemencia lo alabó por “contribuir significativamente al ascenso de (NFE) como un lider en la industria de gas licuado”.

No es la primera vez que la Administración Trump beneficia de manera particular a proyectos de FIG y su cofundador, Wesley Edens. Durante su primer término, Trump firmó una orden ejecutiva para que el Departamento de Transportación permitiera el transporte de gas natural mediante trenes. Los primeros permisos fueron para Energy Transport Solutions LLC, una subsidiaria de NFE que opera en Florida, según el medio independiente Florida Bulldog. FIG también ha hecho préstamos a empresas de la familia del nuero de Trump, Jared Kushner.

Vea:

PR le mantiene monopolio de gas a empresa al borde de la quiebra

El gobierno apoyó que NFE redujera medidas de seguridad para tránsito de sus barcazas de gas

New Fortress Energy reta la legalidad para sus operaciones en bahía de San Juan y Genera