El operador privado no ha sido preciso sobre qué exactamente componen las partidas de gastos para las que está pidiendo, junto a Genera y a la AEE, un aumento de 11 centavos el kilovatio hora en la tarifa básica.
Primero vino, en julio, la petición conjunta de los operadores privados LUMA, Genera PR y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que la tarifa básica casi se triplique (de 7.4 centavos el kilovatio hora a 19 centavos kvh). Pero ahora, cuando hay que entrar en el detalle de cómo justiciar ese aumento, LUMA pone peros para divulgar información.
En una orden ayer, el oficial examinador a cargo de la revisión tarifaria, Scott Hempling, rechazó esa pretensión, al menos en cuanto al punto controvertible de cómo LUMA ha contratado a empleados de su matriz de una manera que ya generó una decisión de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) de no cubrir esos gastos por posible conflicto de intereses.
Hempling dio paso a un requerimiento de información que hizo la AEE sobre ese tema y que LUMA había ripostado que era irrelevante para la revisión tarifaria, así como que era prematuro porque todavía está activa una apelación que sometieron a FEMA sobre esa determinación.
“La petición completa es apropiada. Es relevante a este proceso por al menos dos razones. Primero, contratar a un empleado, de la matriz o no, afecta el costo total de los abonados, a menos que LUMA esté absorbiendo los costos de los empleados, que asumo que LUMA no lo está haciendo. Segundo, si LUMA tiene conflictos de interes, como sería una motivación y oportunidad para tomar acciones que generan ingresos a sus dueños a expensas de los abonados, y no estoy diciendo que LUMA tenga conflictos, esos conflictos pueden afectar no solo el costo sino la confianza. La falta de confianza puede afectar la disposición de los abonados para pagar las tarifas que producen el ingreso necesario para apoyar el servicio eléctrico”, determinó Hempling al denegar la petición de LUMA de dejar fuera esos datos. Subrayó que si ya FEMA levantó bandera sobre ese costo de empleados de unos $95 millones, ha un riesgo para los abonados porque la agencia puede decidir reducir o atrasar reembolsos federales.
El oficial examinador también acotó que “muchos de los costos que LUMA ha sometido” para aumentar la tarifa “no están atados a actividades específicas, o a beneficios específicos para los abonados”. Este señalamiento va en la línea de la objeción principal que los bonistas de la AEE han presentado en este proceso, en el que participan como interventores. Estos han planteado que el aumento de gastos masivo que presentaron los componentes del sector eléctrico son un intento de limitar sus capacidades de recobro.
De esta manera, se da paso a una petición de la AEE que, entre otros extremos, incluye que LUMA explique el detalle de su decisión para usar empleados de su matriz (a los que tiene que pagarle traslado, alojamiento y otros beneficios especiales) en vez de empleados locales. También, tienen que detallar todas las posiciones que tienen llenas con ese tipo de empleado y cualquier ganancia que o sobrecargo que esos empleados le representen a su matriz.
Esta determinación de Hempling se une a otra la semana pasada que va dirigida tanto al presidente de LUMA como al de Genera PR bajo la cual tendrán que someter testimonio bajo juramento sobre aspectos relacionados a conflictos de interés potenciales como, por ejemplo, detallar cuáles decisiones sobre sus operaciones de Puerto Rico pueden tomar ellos y cuáles tienen que consultar con sus superiores en compañías matrices, así como una especie de confesión sobre cuáles son los conflictos de interés que cada uno entiende que se le presentan como operadores de distintas áreas de la red eléctrica.
“Advertencia: La respuesta a la pregunta ‘¿tiene conflictos?’ no puede ser ‘no, porque tenemos salvaguardas’. Si usted tiene salvaguardas, significa que piensa que tiene conflictos. La existencia de salvaguardas no remueve el conflicto. Yo estoy buscando no solamente conflictos, sino franqueza sobre los conflictos”, expresó el oficial.
Ya los presidentes de LUMA y Genera PR le habían hecho declaraciones al oficial negando que tuvieran conflictos, pero Hempling las tildó de “insatisfactorias”, porque no tomaban en consideración una serie de hechos, como:
-La matriz de LUMA, Quanta, construye proyectos de energía renovable y LUMA tiene influencia sobre cuáles proyectos renovables entran a la red.
-La matriz de Genera PR, New Fortress Energy, es el suplidor más importante de gas en la isla, a la vez que Genera opera las plantas termoeléctricas de la AEEE.
-Las matrices de ambas están en el negocio de suplir y modernizar infraestructura energética.
-La cantidad de dinero que ambas buscan extraer de los abonados para actividades específicas impactan sus ganancias de varias maneras: reducen la posibilidad de penalidades, aumentan la posibilidad de recibir incentivos y reducen la posibilidad de que el gobierno se mueva para cancelar sus contratos.
Las declaraciones de los presidentes deben someterse para el 22 de septiembre. Mientras, el oficial tiene programadas las vistas evidenciarias sobre el aumento tarifario para comenzar el 12 de noviembre y terminar posiblemente el 12 de diciembre con miras a que para abril de 2026 esté lista la orden con la que el Negociado de Energía implantaría el aumento.
Ya este mes de septiembre entró un vigor un aumento provisional de 3.4 centavos kvh, así como otro aumento para pagar las pensiones de la AEE.
Vea:
FEMA imputa conflicto de interés a LUMA y COR3 le aguantará pagos
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