El ente fiscal puso plazos para que se presente y apruebe el proyecto revocatorio.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó que para hoy, 17 de mayo, se presente un proyecto en la Legislatura para revocar la Ley 10 de 2024 sobre medición neta y que el mismo esté aprobado para el fin de la sesión ordinaria, el 30 de junio.

La directriz que el ente fiscal emitió el jueves pasado implica que descartaron los argumentos que proveyó la Administración Pierluisi para preservar dicha ley. La Junta consignó que si la ley no es revocada, tienen la intención de pedir su anulación a la jueza Laura Taylor Swain, como han hecho con otras leyes con el aval de los tribunales revisores federales.

La medición neta es el mecanismo financiero que permite que los abonados que tienen sistemas de placas y baterías en sus techos le vendan energía a LUMA. Actualmente, esa transacción ocurre en proporción uno a uno. A este abonado, llamado “prosumidor”, se le acredita un kilovatio hora por cada kilovatio hora que le pasa a la red. Esta es la fórmula que ha permitido que la mayoría de las personas con estos sistemas solo paguen el cargo fijo mensual de $4 por conexión a la red y más nada.

Típicamente, la medición neta es un mecanismo para incentivar que la población adquiera estos sistemas pero, con el paso del tiempo, se elimina o la proporción cambia más a favor de la utilidad eléctrica porque se necesita distribuir equitativamente entre los abonados el costo real de desarrollar y mantener la red eléctrica.

La postura de la JSF provocó el rechazo de la industria solar en la isla que se ha movido tanto aquí como afuera para denunciarlo como una intromisión del ente fiscal. Javier Rúa Jovet, Oficial de Política Pública de la Asociación de Energía y Almacenamiento Solar (SESA, en inglés) ha argumentado también que la medición neta en la isla ha fomentado también que los apagones no sean tan graves porque los abonados que consumen la energía que producen sus propios sistemas son abonados que consumen menos de la red y no pesan tanto a la flota decrépita de plantas generatrices.

Por su parte, la Junta justificó su oposición indicando que la ley es “significativamente inconsistente” con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y con las facultades del ente fiscal bajo la Ley PROMESA. Enfatizan que el estatuto infringe en la independencia que se supone tenga el Negociado de Energía para regular el sector energético. “Puerto Rico no debe volver a los tiempos en que la política pública energética la determinaba la politiquería, en vez del interés público basado en investigación, análisis robusto y comentario público”, dijeron en su carta del jueves.

Tras una primera carta en contra de la ley el 10 de abril de 2024, se supone que el gobierno intentaría persuadir a la Junta de su postura y buscar una salida al impase, pero la comunicación del jueves consigna que lo que le dijo la Administración Pierluisi fue que estaban de acuerdo con las preocupaciones de ellos, aunque no podían revocar o enmendar la ley unilateralmente.

La Ley 10 pospone hasta el 2030 un estudio que el Negociado debe hacer ahora sobre la medición neta y tras el cual podrían modificar el programa para cambiar la forma en que se le compensa al abonado por la energía producida. Una queja de la junta es que esa nueva fecha resultaría en congelar por lo menos hasta el 2051 la fórmula actual de compensar de uno a uno.

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