El caso vuelve al tribunal para juicio contra múltiples concesionarios.

El Tribunal de Apelaciones determinó que sobre 50 concesionarios que representan en la isla a distintos manufactureros de vehículos de motor deben ir a juicio por cobro de lo indebido, enriquecimiento injusto y daños y perjuicios al supuestamente violar la ley cuando cobraron a clientes unos cargos extra por servicio que se supone que el mismo concesionario cubriera dentro del precio del vehículo.

La decisión del 17 de marzo es de un panel apelativo compuesto por los jueces Carlos Candelaria Rosa, Ángel Pagán Ocasio y el exsecretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, quien escribió la determinación del panel.

La reclamación judicial está pendiente desde julio de 2017 cuando una veintena de compradores de vehículos resaltaron que los concesionarios les habían cobrado cargos denominados como «Dealer Fee», «Document Fee», «Registro», «Sello TCFS», «Traspaso» y «Entrega», entre otros. Esto correspondía al trabajo de registrar el vehículo y obtener la tablilla de parte del gobierno. Según las alegaciones, no se les explicó a qué correspondían esos cargos ni estaba detallado en el contrato de compraventa, por lo que los cargos violentan la Ley de Vehículos y Tránsito y el Reglamento contra prácticas y anuncios engañosos del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Los concesionarios demandados, por su parte, sostuvieron que el reglamento de DACO no prohíbe que las partes pacten ese cargo, por lo que puede ser objeto de la negociación al momento de hacer la venta y que, en ese momento, los demandantes no cuestionaron los cargos. Añadieron que no hubo enriquecimiento injusto o apropiación ilegal porque los cargos estaban en el contrato de compraventa.

Inicialmente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso mediante sentencia sumaria, sin entrar en evaluación de prueba, al razonar que los cobros no eran contrarios a la ley y que no hubo enriquecimiento injusto porque los compradores obtuvieron el registro y la tablilla de sus vehículos.

Pero el panel de jueces apelativos revocó y devolvió el caso con órdenes de continuar el proceso regular de presentación de evidencia porque «contrario a lo planteado por los Dealers, estos sí están obligados a gestionar la inscripción de los vehículos que venden». El panel también resaltó que, en vez de estar incluido en el precio final como uno de los costos de los concesionarios, estos cargos están funcionando como unas cantidades sorpresa con las que el comprador se enfrenta después de haber pactado un precio, en un momento en que la transacción está a punto de cerrarse.

«Se trata de un costo operacional que los concesionarios tienen que asumir, como lo hacen con numerosos otros costos necesarios o convenientes para operar su negocio de conformidad con la ley y su estrategia de negocios. Todos estos costos son eventualmente sufragados por los consumidores, pues el negocio presumiblemente los toma en cuenta al decidir sus precios de venta, de manera que se pueda obtener una ganancia», plantearon los jueces.

«No obstante, ello no significa que el concesionario pueda, válidamente, negociar un precio de venta y, luego, añadir unos ‘cargos’ (fees) que, por su nomenclatura, pueden ser percibidos por el consumidor como obligatorios e impuestos por el estado, especialmente cuando es el concesionario quien está obligado por ley a inscribir los vehículos, y cuando, según se admite por los Dealers, usualmente se incluye en dichos cargos una partida de ganancia por el ‘servicio’ brindado. Bajo dicho escenario, las alegaciones permiten concluir… que el consumidor es inducido engañosamente a creer que se trata de un cargo no negociable cuando, en realidad, se trataría de una adición disimulada al precio de venta que supuestamente ya se había negociado, ello con el fin de aumentar, de forma artificial y arbitraria, la ganancia en la transacción de compraventa», concluyeron.

Los demandantes están buscando también que el tribunal tramite el caso como un pleito de clase para cubrir a todos los compradores de vehículos en la isla a los que les hayan cobrado estos cargos.

Para ver la decisión del Tribunal de Apelaciones, pulse aquí.