La Asociación de Economistas de Puerto Rico reiteró su apoyo a un proceso ciudadano de auditoría de la deuda pública de Puerto Rico y repudió la decisión de la actual administración gubernamental de desmantelar la Comisión de Auditoría Integral del Credito Público.

‘En el día de hoy, nos reiteramos en apoyar el proceso de auditoría ciudadana de la deuda y solicitamos al gobernador de Puerto Rico que restituya a los comisionados del interés público destituidos’, reza el comunicado de prensa.

Según la presidenta de la Asociación, Martha Quiñones Dominguez, el primer paso en la reestructuración de la crisis fiscal, es auditar la deuda. ‘Es necesario constatar su monto real y determinar su legitimidad. En aquellos casos en los que se identifique que ocurrieron irregularidades o que los fondos fueron utilizados en contraposición al interés público, se deben iniciar los procesos judiciales que apliquen’, indicó.

Cuando el gobernador Ricardo Rosselló desmanteló a la Comisión el pasado 25 de enero mediante cartas a los ocho miembros de la Junta, indicó que quería que los integrantes fueran ‘funcionarios de su entera confianza.

‘Es importante que el pueblo conozca en dónde se utilizó el dinero, para qué y quiénes se beneficiaron en el proceso de su emisión. La auditoría ciudadana se centra en la identificación de deudas ilegales o ilegítimas. Numerosas deudas son ilegítimas porque han sido contraídas violando el derecho y/o porque no han beneficiado a la población’, abundó.