La firma de contabilidad Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG) volvió a contratar para realizar los estados auditados del Gobierno de Puerto Rico en octubre pasado en un proceso que afecta al gobierno entrante y en el que la firma insistió en garantías adicionales por el riesgo que conlleva auditar las finanzas de Puerto Rico, según se divulgó ayer en el más reciente informe financiero del gobierno.

La firma, que protagonizó una pugna pública a principios de este año cuando dijo que el gobierno no había entregado suficiente información para hacer la auditoría de 2014 en momentos en que el Gobernador acusaba a la firma de dilación indebida, pactó por casi $3 millones con el Departamento de Hacienda en un acuerdo que dura hasta junio de 2017.

En el informe se dice que los estados financieros básicos para el año fiscal 2015 no se han sometido por, entre otros, ‘tardanza significativa en la contratación de la firma de auditoría del Gobierno debido a un aumento significativo en el riesgo de la auditoría y de consecuencias para la firma’.

‘Como parte de las negociaciones, y a la luz de la condición fiscal y financiera del Gobierno, el Gobierno aceptó un aumento en los costos de la auditoría, la suma de procedimientos nuevos significativos y análisis y ciertos otros requerimientos, como la asignación por parte del Departamento de Hacienda de personal clave capacitados con las destrezas, conocimiento y/o experiencia apropiadas para supervisar el proceso de preparación del estado financiero y para evaluar la adecuacidad y resultado de los servicios, entre otros’, explica el informe en lo que parece ser consecuencia directa de aquella pugna con el Gobernador sobre si era la firma o era la Administración la que había provocado tardanza en los estados auditados por incumplimiento.

‘En la medida en que el Gobierno incumpla con estos requerimientos, la firma puede retirarse de la contratación y el Gobierno tendrá que buscar una nueva firma de auditoría’, advierte el informe.

‘No hay garantía de que la administración entrante cumplirá con todos estos requerimientos del nuevo contrato, especialmente aquellos relacionados a la retención de cierto personal’, dice también el informe que salió el mismo día que el secretario de Hacienda entrante, Raúl Maldonado, dijo en conferencia que le gustaría que el actual secretario, Juan Zaragoza, se quede para ayudarle en la agencia.

El documento financiero publicado ayer también consigna que el 6 de septiembre pasado, la Administración volvió a recurrir a un acto de canibalismo financiero al sacar $400 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensación por Accidentes de Autos y el Fondo de Incapacidad del Departamento del Trabajo para tener financiamiento interino (TRAN) porque no han conseguido ese tipo de financiamiento en el mercado.

De hecho, detalla que, a junio de 2016, sumaban $453.1 millones los fondos que han sido desviados del pago de obligaciones para que estén disponibles para el gobierno, los llamados ‘clawbacks’.

En cuanto a los recaudos, se confirma la extrema dependencia que el gobierno tiene del impuesto alas foráneas bajo la Ley 154, al punto que representa casi el 21% del Fondo General y con el agravante de que tan sólo 10 compañías son responsables del 90% de ese impuesto.

En resumen, el informe profesa lo que ha sido el discurso público de la Administración al efecto de que no hay fondos suficientes para gastos operacionales y pago de deuda por lo que se hacen urgentes ‘ajustes fiscales’ y una reestructuración de la deuda porque, además, no hay garantía de que la Junta de Control Fiscal pueda tener sus asuntos en orden antes de que venza la moratoria de pleitos de acreedores que provee la Ley PROMESA en febrero de 2017.

Financial Information and Operating Data Report 18 de diciembre de 2016 – NotiCel_22395