Anualmente el Departamento de Hacienda (DH) genera $200 millones por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) aplicable a ciertas compras por internet, pero a esa cifra podría sumarse unos $110 millones adicionales si a nivel federal se viabiliza legislación para obligar el cobro de impuestos de ventas estatales a toda compra de este tipo.

Al presente la ley 42 del 2013 establece que se aplica el IVU a aquellas compras por internet por parte de comercios que tengan establecimientos, oficinas, empleados, contratistas o representantes directos o indirectos en Puerto Rico. Este tipo de presencia sirve de enlace para justificar el cobro de impuestos de ventas estatales en la Isla, método también utilizado por otros estados.

Sin embargo el reclamo a favor de incluir el impuesto en las ventas por internet ha pasado por la consideración del Congreso sin éxito. En el 2013 el Marketplace Fairness Act fue sometido en ambas cámaras federales, pero logró aprobación solo en el Senado, mientras la Cámara de Representantes no tomó acción alguna sobre la medida. Al presente la medida figura como engavetada.

Según el secretario del DH, Juan Zaragoza, la única manera que Puerto Rico y otros estados puedan cobrar sus respectivos impuestos de venta sin constituir un impedimento al comercio interestatal tendría que ser por vía congresional.