La portavoz del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de America (AGC-PR), Neyssa Varela presentó el lunes la Propuesta para la Revitalización de la Infraestructura Vital de Puerto Rico bajo el Título V de la ley PROMESA.

‘Esta propuesta fue desarrollada por AGC-PR en consulta con las principales agencias del gobierno de Puerto Rico relacionadas a la infraestructura del país. En ella se detallan los proyectos que deberán ser atendidos bajo el Título V de PROMESA que trata sobre la revitalización de la infraestructura de Puerto Rico y bajo el cual se establece un proceso de permisos expedito’, dijo Varela en un comunicado.

Indicó que sobre 200 proyectos de infraestructura vital -agua, carreteras, energía y vivienda- están incluidos en este documento. La inversión total suma sobre 3,700 millones de dólares. Estos proyectos impactarán a miles de familias y crearán más de 75,000 empleos directos, indirectos e inducidos.

Además, sostuvo que la propuesta de AGC-PR incluye una proposición para el establecimiento de un Procedimiento de Licitación Preferida para darle prioridad a la contratación de contratistas generales, sub-contratistas y suplidores de materiales y servicios locales. El mismo está basado en la ordenanza que actualmente rige en el estado de la Florida. Esta propuesta será presentada ante la Comisión Especial Congresional de Asuntos Económicos presidida por el senador Orrin Hatch, la Junta de Control Fiscal Federal y el Coordinador de Revitalización que será nombrado bajo el Título V de PROMESA.

Entretanto, Varela detalló que por medio de esta propuesta la AGC-PR invita a los constructores a darle prioridad al desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura crítica como motor de actividad económica y creación de empleos y a establecer un proceso de licitación uniforme para proyectos de infraestructura pública a nivel Estatal y Municipal basado en el proceso utilizado actualmente por las agencias del Gobierno Federal.

También los exhorta a priorizar hacer valer los requisitos de la Ley del Estado Libre Asociado Número 131 del 2 de septiembre del 2010 que establece condiciones generales uniformes en la contratación de obra pública y a establecer un mecanismo que garantice la disponibilidad de fondos y el pronto pago a contratistas en la construcción de obra pública.

‘El impacto en la economía de la actividad en el sector de la construcción es contundente e inmediato. Por cada millón que se invierte en la construcción se crean 22 empleos directos, indirectos e inducido. Mientras que efecto multiplicador en la economía por cada dólar invertido en construcción es de $6.80’, finalizó la líder de los contratistas.