Los casamientos y divorcios en Puerto Rico han descendido notablemente en los últimos años debido en parte a la crisis, que ha provocado una migración histórica y hace que quienes se quedan piensen dos veces cualquier cambio en su estado civil.

La profunda crisis que vive Puerto Rico desde hace más de una década no solo tiene consecuencias para la economía doméstica de los habitantes de la isla, sino que se deja sentir ya en el comportamiento demográfico, tal y como refleja el Informe Anual de Estadísticas Vitales: 2011-2013 Matrimonios y Divorcios.

El Departamento de Salud de Puerto Rico divulgó un completo estudio sobre el tema con los últimos datos disponibles que refleja la disminución de los matrimonios y divorcios durante los años centrales de la recesión, lo que según dijo hoy a Efe el demógrafo Raúl Figueroa está ligado a la peor crisis económica de la historia reciente de la isla caribeña.

La tasa de nupcialidad en 2011 (17,997 matrimonios registrados) fue de 6 por cada mil habitantes de 15 años o más, frente a la de 5.8 de 2013, año en el que se celebraron 17,014 enlaces matrimoniales.

La caída es mucho más abrupta si se toma como referencia 2007, cuando comenzaban a sentirse los primeros síntomas de la crisis, ya que en ese año se registraron en Puerto Rico 21,613 enlaces matrimoniales y una tasa de nupcialidad de 7.2 por cada mil habitantes, lo que significa una caída de 1.4 puntos.

La tendencia en los divorcios es similar, ya que en el año 2011 se registraron 13,349 con una tasa de 4.5 por cada mil habitantes, que se redujo a 12,908 y una tasa de 4.4 en 2013.

Al igual que en los matrimonios, la caída es mucho más destacada si se compara con 2007, año en el que se registraron 15,113 divorcios, con una tasa de 5.1 por cada mil habitantes.

Figueroa destacó que el hecho de que la economía atraviese una situación tan difícil influye en la decisión de las personas a la hora de casarse, ya que los enlaces matrimoniales llevan aparejados una serie de gastos que en estos momentos muchos puertorriqueños no pueden afrontar.

‘Hay además otros factores que influyen en esa tendencia como el hecho de que cada vez más personas optan por vivir como pareja pero sin casarse o que la emigración hacia Estados Unidos hace que los puertorriqueños se casen allí en vez de en la isla’, subrayó el demógrafo.

El especialista dijo que se trata, en definitiva, de un conjunto de factores que han provocado una tendencia cada vez más visible y que tiene como consecuencias más destacadas un menor número de nacimientos y el envejecimiento de la población, lo que contribuye hacia una pirámide población que cada vez se aleja más de su figura tradicional.

Figueroa apuntó que la crisis provoca que las personas se casen además cada vez más tarde, a lo que también contribuye que los puertorriqueños extienden su periodo de escolaridad, en especial entre las mujeres.

La caída de matrimonios y divorcios sigue a la tendencia general de pérdida de población a causa del proceso migratorio con rumbo a Estados Unidos.

Datos de la Oficina del Censo de EE.UU. difundidos el pasado 23 de junio reflejaron que la población de la isla tiende a envejecer rápidamente, debido, en parte, a la masiva emigración de jóvenes hacia ese país.

La emigración ha provocado que la edad media en Puerto Rico se sitúe en 40 años de edad, la cifra más alta de su historia.

Se calcula que en 2015 dejaron la isla cerca de 70,000 de los 3.4 millones de personas que viven en Puerto Rico, mayoritariamente con EE.UU. como destino, facilitado por el hecho de que los ciudadanos de la isla tienen pasaporte estadounidense.

La crisis y la imposibilidad de saldar una deuda que ronda los 70,000 millones de dólares es la causa de que el pasado 30 de junio el presidente de EE.UU., Barack Obama, convirtiera en ley con su firma el proyecto conocido por su acrónimo de ‘Promesa’ que busca rescatar a Puerto Rico.

La ley da un margen de unos meses al Gobierno local para reestructurar su deuda sin que los acreedores puedan demandarlo y a cambio establece la imposición de una junta federal de control fiscal que se establecerá en los próximos meses y que supervisará la actividad gubernamental y las finanzas.