El Centro para una Nueva Economía (CNE) develó hoy, jueves, sus recomendaciones en relación a la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilización Económica (Promesa, por sus siglas en ingles), que el Comite de Recursos Naturales de la Cámara baja en el Congreso de los Estados Unido pretende imponer en la Isla en la forma de una junta de supervisión fiscal.

Para eldirector de política pública del CNE, Sergio Marxuach , la crisis económica y fiscal en Puerto Rico no se circunscribe al problema de la deuda pública sino que tiene profundas raíces en un modelo de desarrollo económico obsoleto e instituciones que han impedido el crecimiento económico del País.

‘El debate se ha polarizado entre los que abogan por que se pague hasta el último centavo, no importa que las consecuencias sean onerosas para el pueblo, y los que dicen que debemos declarar una moratoria general y no pagar, pero eso no nos permitiría tener acceso a mercados de capital y eso dice que la economía no va a crecer porque no hay inversión. El sector privado no va a entrar a Puerto Rico mientras tengamos esa nube negra encima. Ningún país funciona sin acceso a los mercados de capital’, advirtió Marxuach.

‘Ha llegado la hora de dejar posturas olímpicas y aprovechar este espacio que se está cerrando. Lo que vemos son cinco componentes principales que tenemos que atender. Parte le corresponde al Congreso y parte al Gobierno central. Tiene que haber acción en ambas esferas’, aseguró.

Las recomendaciones del CNE incluyen tres aspectos principales: la reestructuración de la deuda, el alcance de la junta de supervisión fiscal y la estabilización económica y fiscal del País.

En el primero, Marxuach advirtió que si la Isla no atiende el problema de sobreendeudamiento, jamás podrá atraer capital privado.

‘Es importante que el proyecto de ley que se trabaja en el Congreso mantenga la facultad para lograr una reestructuración amplia de la deuda. Y cuando digo amplia, me refiero a la autoridad para reestructurar, de ser necesario, toda la deuda de Puerto Rico, incluyendo los bonos de Obligación General (GO, por sus siglas en inglés) y COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante). La experiencia previa de casos de reestructuración de deuda soberana indica que las reestructuraciones parciales usualmente dan paso a otras reestructuraciones o impagos dentro de los próximos cinco años’, explicó.

‘El proyecto también debe incluir, como mínimo, una moratoria automática en los litigios para asegurar la capacidad del Gobierno de continuar proveyendo servicios esenciales y un mecanismo claro para prevenir que un grupo de Hold-Outs (acreedores intransigentes) puedan obstaculizar un acuerdo razonable’, continuó.

Sobre el alcance que pudiera tener la junta de supervisión fiscal, el Director de Política del CNE explicó que los poderes propuestos en el proyecto según redactado en la Cámara baja del Congreso son excesivamente amplios e invasivos. Según Marxuach, una junta de esa índole que imponga soluciones simplistas, enfocadas exclusivamente en abordar el tema de la deuda pública corre el riesgo de no resolver la crisis.

‘Si el Congreso quiere evitar enfrentar el mismo dilema en cinco o 10 años, es necesario asegurar la transformación a largo plazo de las instituciones fiscales y de desarrollo económico de la Isla. Es imprescindible contar también con el apoyo de otros sectores sociales y civiles de Puerto Rico’, dijo.

Para ese aspecto en específico, el CNE propone que una Ley de Responsabilidad Fiscal redactada y adoptada localmente que incluya una Regla Fiscal para el presupuesto del Gobierno puede traer orden al aparato fiscal mientras que al mismo tiempo se convierte en un punto de convergencia de los diversos sectores sociales que operan en el entorno socio político. Esa Regla Fiscal, a su vez, limitaría los gastos del Fondo General a los ingresos del Gobierno ajustados cíclicamente, según los determine y certifique un panel de economistas profesionales y otros expertos en política fiscal, menos un pequeño sobrante estructural.

Marxuach indicó además que a menos que la legislación incluya medidas de estabilización a corto plazo y un compromiso de generar crecimiento a largo plazo, cualquier política corre el riesgo de quedarse corta en el intento de resolver la crisis económica de Puerto Rico.

‘Sugerimos que se considere incluir un subsidio escalonado al empleo similar al que diseñó el Premio Nobel de Economía, Edmund Phelps. Esta propuesta está basada en una escala gradual de subsidios salariales que se reducen gradualmente. En Puerto Rico este subsidio pudiera implementarse para una gama de puestos que pudieran ir desde empleados que devengan salarios por debajo del mínimo hasta trabajadores que devengan 150% del salario medio, eso echaría la economía a andar’, indicó Marxuach.

‘También sugerimos que el Congreso equipare a Puerto Rico con los estados en el financiamiento del programa de Medicaid, gradualmente y durante un periodo de 10 años’, explicó.

El experto también subrayó la importancia de que el proyecto congresional incluya una nueva sección requiriendo el establecimiento de un grupo de trabajo conjunto que colabora con una comisión de crecimiento económico que desarrollaría una estrategia de crecimiento económico a media plazo y que estaría compuesta de representantes de la sociedad civil, el sector empresarial, las uniones laborales, el gobierno y la academia.

‘El problema es que puedes traer a la junta más poderosa y más especializada del mundo, y están aquí cinco años y cuadran el presupuesto y se van. Si no se reforman las instituciones locales, el mismo proceso de presupuesto -que es lo que nos ha llevado aquí- vamos a estar en el mismo sitio de aquí a diez años. Además de cuadrar la chequera tenemos que aprovechar esta coyuntura para reformar todas estas cosas para no volver a caer en el mismo hoyo’, sentenció.