Para la vicepresidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), Zoime Álvarez Rubio, las denuncias sobre un supuesto esquema de double tracking (estrategia doble) en el proceso de mitigación de perdidas de las hipotecas en la banca local, y que fuera denunciado en las vistas públicas sobre la Ley del Deudor por el representante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, ocurren, en su mayoría, por propia desinformación del deudor.

Según explicó Álvarez Rubio en un aparte con NotiCel durante el décimo tercer Simposio Antil Lavado de Dinero que se celebró esta semana en el Centro de Convenciones, en la mayoría de los casos las alegaciones de dual tracking por parte de los consumidores están basadas en una pobre interpretación del Reglamento X de la Ley federal de Procedimientos de Liquidación Inmobiliaria (RESPA, por sus siglas en inglés).

‘Cuando el Representante dice que sabe de casos en que la persona ha ido al banco y ha solicitado el loss mitigation y estando en él, le llega el emplazamiento de la demanda, hemos visto en innumerables ocasiones que es que el ciudadano no ha terminado de entregar todos los documentos que el banco le solicitó para los efectos del reglamento federal. Por ende, no está en el loss mitigation, porque para entrar a este el caso tiene que estar completado. Uno no puede comenzar un caso cuando uno dice que le bajaron los ingresos pero no me has traído la evidencia de eso’, explicó la Vicepresidenta de la ABPR.

‘Posiblemente el consumidor entienda que se está haciendo dual tracking porque ya fue al banco, ya llevó algunos papeles y ya recibió la carta del banco y de repente lo emplazan, pero de acuerdo al Reglamento X, tienes que tener el expediente completado para poder entrar al loss mitigation’, Añadió aunque admitió que pueden existir excepciones donde ese sea el caso.

Álvarez Rubio aseguró que la comunicación entre la Comisión, presidida por el representante Hernández, y la ABPR, es constante y mantienen un dialogo abierto para implementar varias sugerencias hechas por los bancos en vías de mejorar la ley propuesta.

‘La ABPR inicialmente se opone al proyecto porque entendemos que hay una duplicidad en la medida ya que por una ley federal está cubierto ese dual tracking, que no es otra cosa que ese doble procedimiento para ejecutar una propiedad cuando al mismo tiempo se está en un proceso de mitigación y eso ya está cubierto bajo el Reglamento X y los bancos tienen que cumplir con ese reglamento y son evaluados por las agencias reguladoras federales cuando les solicitan los expedientes y ven si están cumpliendo con ese reglamento ‘, explicó.

‘Nosotros de la medida ser aprobada nos interesaría se hicieran unas enmiendas para ayudar al proceso a hacerla más específica. No le conviene ni a la economía, ni al Gobierno, ni a los bancos, ni al deudor quedarse en un limbo jurídico en este procedimiento’, añadió.

La Vicepresidenta aseguró además que de aprobarse la medida de la manera que actualmente está redactada significaría un golpe nefasto para la industria hipotecaria de la Isla.

‘De aprobarse como está, seria devastador para nosotros porque una de las cosas que le indicamos al Representante es que él dice que el procedimiento se puede hacer hasta verbal, y eso es un problema porque tenemos que llevar estos procedimientos de manera seria. Estamos hablando de un hogar que se está tratando de salvar y todo debe ser por escrito. Un formulario escrito dónde se le dé un poquito de responsabilidad al deudor hipotecario y donde también el acreedor, lo que es el banco, pueda tener esa constancia’, aseguró.

Álvarez Rubio subrayó la importancia de recordarle a la ciudadanía que un procedimiento de ejecución hipotecaria no entra en vigor hasta 120 días después del primer atraso y mencionó la problemática reciente de la cantidad de casos de personas que se mudan al exterior y dejan sus residencias e hipotecas abandonadas, como parte del problema que enfrentan los bancos.

La Ley de Ayuda al Deudor, impulsada con la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, busca proteger al acreedor de un préstamo hipotecario en mora para que antes de iniciar cualquier proceso legal que pueda culminar en una demanda de ejecución hipotecaria, se le ofrezca la alternativa de recurrir a los programas bancarios de mitigación de daños (Loss Mitigation).