Para el director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, el Plan de Ajuste Fiscal es un plan de austeridad más que de crecimiento económico que al final consiste en una compilación de ideas de informes previos sin las razones o análisis detrás de sus sugerencias. ‘Es un cut and paste para apaciguar a los bonistas’, sentenció.

La apreciación de Marxuach estuvo acompañada por el análisis de un informe de la firma Conway McKenzie, que expone que el gobierno está entre ‘tres y dos’ porque hay un pago de obligaciones generales en enero de $331.6 millones lo que lo obliga a tomar la decisión entre cerrar parte del gobierno o caer en impago.

Aunque el Plan recalca que la eliminación de la Sección 936 de incentivos a empresas foráneas fue el factor más importante en crear la crisis económica de Puerto Rico, Marxuach opinó que se sobreestimó su impacto en el empleo y la economía ya que fue un error del gobierno basar su estrategia en un factor que no controla porque ‘lo que el Congreso da, lo puede quitar’.

‘Lo que pasa es que la economía no se ha movido a áreas de valor añadido más alto sino que nos hemos quedado en el modelo de anos 40 y 50’, dijo.

De otra parte, expresó preocupación de que el informe dependa de la legislación federal, como las enmiendas a la Ley Jones, para eximir a la Isla de las leyes de cabotaje porque son factores externos.

El plan propone cierre de escuelas y reducciones en el Departamento de Educación, pero para Marxuach aunque la agencia desperdicia dinero, la magnitud de los recortes podría hacer más daño que bien a la economía. ‘Las reformas que hacen sentido son para mejorar la educación’, dijo.

Asimismo, expresó preocupación especial por los recortes de $500 millones a la Universidad de Puerto Rico de su presupuesto de alrededor de $1,600 millones. ‘Yo no veo que puedan hacer inversión en nuevas facilidades y equipo. Van a tener que cerrar recintos…Con ese recorte olvídate de laboratorios o renovar edificios…van a tener que tomar decisiones’, expuso. De igual modo, destacó el daño a la investigación y desarrollo de productos que son los que generan riqueza.

Aunque muchas sugerencias para implantar el Plan fiscal no requieren de legislación, algunas como la extensión de la Ley 154 o el impuesto a foráneas y la extensión de la Ley 66 de sostenibilidad fiscal requieren de la intervención de la Legislatura.

Opinó que extender la Ley 66 ocasionará que un sector de la población no tenga aumentos de salarios en cinco años, lo que reduciría su poder adquisitivo a medida que los productos suben. Recordó que el propio Fondo Monetario Internacional admitió que fue un error en Grecia sugerir la reducción de salarios y aumentar impuestos porque ocasionó una devaluación interna.

El impacto del plan en generar ingresos adicionales es de $2,000 millones, lo que dejaría un déficit de $14,000 millones luego de cinco años. ‘La liquidez sigue siendo un problema’, adviritió el economista.

Además de opinar que el plan no dice claramente cómo operará la propuesta Junta de Control Fiscal, Marxuach dijo que se opone a que el Congreso nombre una junta fiscal porque los puertorriqueños deben resolver sus propios problemas.

De otra parte, sostuvo que las reformas laborales en combinación con las reducciones en las ayudas sociales podrían ser negativas al país y promover más emigración. ‘Los desincentivos suelen ser poderosos y la gente siempre tiene la opción de emigrar’, dijo.

Sobre la renegociación de la deuda, Marxuach sostuvo que el alivio promedio de la deuda soberana en países que han tenido crisis económicas, ha sido de 21% del producto nacional bruto, y un 36% de la deuda en mercados emergentes como Puerto Rico. Estudios muestran que las crisis económicas en países avanzados y emergentes han durado sobre 10 años. ‘En algún momento la deuda que no se puede refinanciar se termina no pagando’, acotó.

Aunque el plan descansa en el uso de las alianzas público privadas para mover la economía y hacer infraestructura, el interés de la empresa privada en invertir caerá si el gobierno entra en impago.

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