Una coalición de titulares de deuda de Puerto Rico lanzó hoy una campaña mediática en la isla caribeña y en Washington contra las intenciones del Gobierno puertorriqueño de ‘violar su propia constitución a expensas de los pequeños bonistas’ al tratar de renegociar el pago de la deuda.

‘El plan del gobernador (Alejandro) García Padilla de declarar impagable la deuda y atacar a los bonistas llamándoles buitres es injusto e inconstitucional’, dijo esa coalición en un comunicado en el que informó de esta campaña mediática.

Esta asociación, denominada 60 Plus, asegura representar a 7.2 millones de estadounidenses mayores de 60 años, entre ellos puertorriqueños mayores que residen tanto en la isla como en el territorio continental estadounidense y que ‘viven de unos ingresos fijos y que comprometieron sus pensiones con bonos respaldados por Puerto Rico’.

‘El Congreso debe oponerse al imprudente plan del gobernador y de su equipo, que no tiene en cuenta el estado de derecho y devasta las vidas de estos pequeños inversores’, afirma Matthew Kandrach, vicepresidente de 60 Plus.

Añade que el plan del gobernador es ‘tan radical y sin precedentes’ que los miembros de su propio partido político están hablando en contra de él y cita por ejemplo las declaraciones del Presidente del Comité del Senado de Puerto Rico en el Tesoro y Finanzas Públicas, José Nadal Power, en las que decía que ‘tenemos que respetar lo que dice la Constitución’.

También cita textualmente al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, que en cierta ocasión dijo que la isla tiene que ser ‘disciplinada’ y ‘recuperar la confianza reduciendo gastos gubernamentales’

‘Puerto Rico puede solucionar sus problemas financieros, pero cualquier solución debe ser construida sobre la piedra angular de una verdadera reforma fiscal, y no sobre retórica vacía que castiga a los inversores’, defiende.

En su opinión, ‘el gobernador y su círculo de asesores, que es el mismo que representa a países incumplidores como Argentina, han optado por fabricar una crisis con el fin de obtener ayuda de Washington’.

Puerto Rico alista una propuesta a los bonistas que incluye un plan de ajuste fiscal a cinco años y la creación de un consejo de control fiscal, con el propósito de recuperar su confianza y poder renegociar los términos de la devolución de la deuda que asfixia la economía de la isla.

‘Puerto Rico se beneficiaría de un consejo de control fiscal, al igual que el Distrito de Columbia tenía en la década de 1990 cuando se enfrentó a la crisis financiera’, añadió.

Para esta agrupación, el Congreso también debe oponerse expresamente al plan del gobernador para reestructurar los bonos constitucionales (cuyo pago está garantizado por la Constitución de Puerto Rico).

‘Permitírselo sería establecer un terrible precedente y abrir una caja de pandora de otros incumplimientos estatales’, lo que, según estos bonistas, pone en riesgo las jubilaciones de muchos ciudadanos estadounidenses.

Puerto Rico debe presentar hoy un plan a cinco años para completar la reestructuración de su deuda, de cerca de 73,000 millones de dólares, y sanear sus cuentas, una propuesta muy esperada por los mercados desde que el Gobierno de la isla anunció que el grado de endeudamiento era insostenible.