Ante la ola de quejas de comerciantes y clientes por el impuesto a los giros y transacciones bancarias, el representante Carlos Vargas Ferrer, anunció el jueves que considera conceder una moratoria al cargo impuesto como resultado de la aprobación de las enmiendas a la Ley 136-2010, que regula los negocios de servicios monetarios, y que entraron en vigor el 16 de diciembe de 2014.

‘Tuve comunicación con el Secretario de Hacienda en torno al impuesto a los giros aplicados por virtud de la Ley 136-2014, según enmendada, y ante la preocupación de ambos, me comunicó que hará pública una determinación administrativa con una moratoria al respecto’, expresó Vargas Ferrer en comunicado de prensa.

Vargas Ferrer mencionó que dicha moratoria permitirá darle espacio a los reclamos de muchos de los propietarios de negocios que expiden giros, así como a la ciudadanía que hace uso de estos.

La ley 136-2014, según enmendada se aprobó con el propósito de allegar fondos de manera recurrente al Fondo Especial para el Subsidio del Programa Mi Casa Propia, adscrito a la Administración para el Financiamiento de la Vivienda en Puerto Rico, y al Fondo para el Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos, adscrito al Departamento de la Vivienda, destinando una tercera parte de los recaudos a cada uno de estos.

‘Estoy disponible para escuchar a todos aquellos que quieran expresarse. Podemos evaluar cualquier alternativa presentada para atender los reclamos y ver de qué manera podemos atemperarlos a la nueva realidad que impone esta legislación’, sostuvo el legislador.

Mientras, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Rubén Piñero Dávila, denunció que la enmienda a la Ley 136, que regula los negocios de servicios monetarios, ‘ha tenido el efecto discriminatorio de sacar del negocio de la venta de giros a los pequeños y medianos negocios del País’.

‘Nadie veía venir esto, pero he recibido llamadas de socios preocupados porque ya no pueden vender giros. Me aseguran que las compañías les inhabilitaron el servicio y sus máquinas de ventas de giros están inoperantes en sus negocios. Esta medida ha dejado sin una fuente de ingresos a cientos de comerciantes, principalmente a negocios pequeños que sirven a los sectores más marginados. El pequeño comerciante entendía que esto solo aplicaría a las transferencias’, dijo Piñero en un comunicado de prensa.

Piñero explicó que la Ley 136 afectó este renglón del negocio porque no se tomaron en consideración las consecuencias que el gravamen tendría en los negocios a nivel operacional, ya el impuesto comenzó a implementarse con las transferencias monetarias y la programación de este tipo de transacción es más fácil de manejar que con las máquina de giros.

‘Según me han explicado los socios, las máquinas de procesar giros monetarios tienen una tecnología anticuada lo cual hace bien difícil su programación. Por ejemplo, el socio del CUD Luis Felipe Colón, que tiene una empresa de cambio de cheques en el pueblo de Naranjito, me aseguró que Western Union ‘trancó’ su máquina y él ya no puede vender giros. Ese tipo de máquina no funciona como una computadora que se puede programar fácilmente. La empresa proveedora del servicio tendría que cambiar todas máquinas alrededor de todo Puerto Rico por otras que puedan reprogramarse’, explicó Piñero.