El senador Jose Nadal Power informó el lunes que el gobernador Alejandro García Padilla firmó la Ley 201 de 2014 de su autoría que crea la Junta de Comercio Exterior.

Nadal Power sostuvo en un comunicado que a pesar de que desde la firma del NAFTA se expandieron las posibilidades de acceso a nuevos mercados en nuestro hemisferio para las empresas puertorriqueñas, en Puerto Rico no se ha capitalizado esta oportunidad.

Indicó que se creó la Ley Número 22 de 2012, también conocida como la ‘Ley para Fomentar la Exportación de Servicios’, con el propósito de asegurar que se utilicen todos los recursos disponibles como parte de una política pública integral y coherente, en la que se evite la duplicidad de esfuerzos, para insertar a las empresas puertorriqueñas en el comercio exterior. Además, el 16 de junio de 2009, se creó la Orden Ejecutiva OE-2009-019 para crear la Junta de Comercio Exterior adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

‘No empece estos esfuerzos, no existía fuerza de ley con una política pública integral sobre comercio exterior que propicie el desarrollo de estrategias dirigidas a aumentar las exportaciones de bienes y servicios desde Puerto Rico a los nuevos mercados. Esta ausencia de una política pública y de estrategias específicas ha impedido que nuestra economía se beneficie del potencial de crecimiento que puede proveer la participación activa de nuestras empresas en el comercio exterior a través de la inserción en los Tratados de Libre Comercio. Además, Puerto Rico no ha podido aprovechar sus ventajas competitivas al máximo en las industrias de telecomunicaciones, seguros, informática y servicios profesionales y financieros, entre otros’, mencionó.

Ante este cuadro, el senador por San Juan añadió que ‘resulta impostergable elaborar una política estratégica para asegurar que nuestras empresas y empresarios aprovechen su capacidad de servir efectivamente las necesidades de los mercados a los que tenemos acceso a través de los Tratados de Mercado Internacional. Debemos destacar que otra de las ventajas competitivas que provee Puerto Rico es tener una gran población bilingüe con educación universitaria y que unido a la localización geográfica, autonomía fiscal y sus vínculos políticos con los Estados Unidos, puede servir de puente entre Latinoamérica y Estados Unidos’.

El legislador precisó que esta ley dispone para la creación de la Junta de Comercio Exterior, la cual establecerá las prioridades de política pública, identificará los recursos y programas que se necesiten para implantar la misma y evaluará los existentes. La Compañía de Comercio y Exportación, así como las demás entidades con injerencia en el comercio exterior y el desarrollo económico, vendrán obligadas a adoptar y establecer con alta prioridad la política pública y los planes estratégicos establecidos por la Junta de Comercio Exterior.

Explicó, que para garantizar la continuidad y el máximo dinamismo de la Junta y las políticas que adopte y siguiendo modelos como los utilizados en otras jurisdicciones incluyendo el estado de Florida, la mayoría de los miembros de la Junta de Comercio Exterior provendrán del sector privado. Esto permitirá que la Junta se nutra del conocimiento y experiencias de personas insertadas en el mundo de los negocios, la academia y las relaciones internacionales para asegurar la elaboración de una política integral y su necesaria evolución y actualización.

Asimismo, precisó que la medida surge que la responsabilidad de la Junta consistirá de elaborar un plan estratégico de comercio exterior para Puerto Rico, que incluya la utilización al máximo de los recursos que provee el Gobierno Federal de los Estados Unidos a través de agencias y programas como el Export-Import Bank (EX-IM BANK), Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la Administración de Comercio Internacional (ITA), la Administración de Pequeños Negocios (SBA), y todos los instrumentos disponibles en Puerto Rico, incluyendo entidades como el Departamento de Estado, la Compañía de Comercio y Exportación, Banco de Desarrollo Económico y Comercio, las oficinas comerciales en el exterior y los instrumentos de la autonomía fiscal que surgen de la condición política de Puerto Rico.

El también presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado concluyó que ‘históricamente los esfuerzos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de promover la exportación de bienes y servicios producidos por empresas puertorriqueñas han sido tímidos cuando se comparan con los recursos que se invierten en atraer inversiones directas y turismo al país. A pesar de que actualmente las exportaciones registradas representan el sesenta y seis punto ocho (66.8) por ciento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB), la proporción de las mismas que proceden de empresas locales es mínima. Es por esto que la Ley 201-2014 será otra herramienta adicional para lograr el crecimiento económico que necesita Puerto Rico y lograr la entrada de flujos de capital en nuestra economía’.