La controversia que mantiene Doral Bank con el Departamento de Hacienda llega hoy a su etapa culminante con el juicio en su fondo en el que los abogados de la institución bancaria buscarán que la agencia de gobierno le pague los casi $230 millones que la pasada administración le prometió mediante un acuerdo formal.

El caso se verá por los próximos tres días en la sala 503, que preside la jueza superior Laureana Pérez Pérez, después de que las partes no pudieran llegar a un acuerdo en un proceso de negociación que incluyó, por parte de Doral, el uso de artillería pesada en la forma de cabilderos republicanos y del exjuez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton.

NotiCel tuvo acceso a uno de los borradores que las partes intercambiaron en el proceso de negociación y el mismo revela algunas interioridades de la situación contributiva de Doral así como que abre una ventana a lo que cada parte estaba dispuesta a ceder, o no en la confrontación.

En su base, la conversación era que la controversia por el reintegro de $229.8 millones que Hacienda le reconoció a Doral en un acuerdo de marzo de 2012 se resolvería con el Gobierno pagándole una parte en efectivo a Doral y, con Doral reteniendo una parte de créditos contributivos que podía redimir o mercadear hasta el 2029. Lo que se proponía era derogar el acuerdo de 2012, devolver a Doral al estado contributivo que tenía antes de ese acuerdo, y de ahí volver a calcular créditos, pagos y demás. Es decir, mediante la transacción se renegociaría el acuerdo de 2012.

Parte de lo propuesto es que la carga contributiva de Doral se resolvería con el Gobierno pagándole, mediante legislación especial si fuera necesario, un total de $85.4 millones, en vez de los $230 millones que se reclaman ahora, y que se le reconocerían hasta $700 millones en créditos que podían aplicarse, por Doral o por cualquiera que se los comprara, hasta 2029.

El acuerdo examinado por este diario es una versión que se le sometió a Hacienda para su revisión y modificación. Una de las partes que aparece tachada por la agencia hubiera eximido al banco, sus oficiales y sus directores de cualquier investigación relacionada a cómo se realizaron las transacciones de años anteriores en controversia. Esa misma parte hubiera evitado que las partes hicieran declaraciones públicas ‘negativas’ una de la otra.

‘El documento fue parte de un intercambio de borradores como parte de unas conversaciones que hubo. Dichos borradores fueron descartados y no forma parte de las negociaciones. El Departamento de Justicia está preparado para litigar el caso que comienza mañana (hoy)’, declaró Amber Vélez, portavoz de Justicia, ante la solicitud de reacción de NotiCel.

Salpicado Eder Ortiz

Aunque inicialmente negó haber estado involucrado en el asunto, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) reconoció que para el bufete de abogados con el cual tiene contratos (Fiddler, González y Rodríguez) sí hizo trabajos para la institución financiera.

‘Trabajamos un asunto de una transacción que se hizo en el 2013 que tenía que ver con un fondo que se consiguió un acuerdo y como abogados del banco lo atendimos. La transacción de ahora no la estamos haciendo nosotros. Era la autorización de otras corporaciones que eran relacionadas a la empresa Doral’, indicó el ComisionadoElectoral sin ofrecer más detalles sobre la negociación que lo coloca como cabildero de intereses privados ante el Gobierno a la vez que se maneja como comisionado electoral del partido que está en el poder.

Documentos en poder de este medio revelan que el líder popular negoció y cabildeó a favor del banco directamente con personal de Hacienda, incluyendo la subsecretaria Karolee García.

Fuentes de este diario aseguran que Ortiz Ortiz fue contratado por la firma de abogados en el 2012 para llegar a un acuerdo sobre la transacción, pero al no lograrlo, la empresa contrató a Federico Hernández Denton.