Tras la aprobación de la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, la Ley 66 de 2014, varios economistas se mostraron escepticos de que el estatuto permita una real estabilización de las finanzas gubernamentales en tres años.

De un lado, el economista Elías Gutiérrez, afirmó a NotiCel que para generar una situación fiscal estable, se necesitaría que la economía de Puerto Rico crezca.

‘Es decir, necesitamos que la macroeconomía empiece ayudar a las finanzas del Estado. Y para que eso ocurra, se necesita un esfuerzo de inversión gigantesco. Y la financiación va a tener que ser 90 por ciento privada, porque el Gobierno no tiene la capacidad de financiar proyectos de infraestructura’, puntualizó.

En esa línea, destaca los esfuerzo del gobierno para atraer inversionistas españoles y el cierre de acuerdos, como el de Lufthansa Technik.

Pero a pesar de que Gutiérrez pone en duda que se concrete una estabilización en tres años, asevera que la Ley de Sostenibilidad Fiscal es un primer paso de cómo se debe manejar el gasto del Gobierno y su intervención dentro de la economía.

‘Aquí se va a requerir un ahorro tremendo. No es suficiente con presupuesto balanceado… Puerto Rico necesita generar un periodo de diez años ó doce años con superávit. Entonces, se transfieran los ahorros a los presupuestos de mejoras capitales, de manera que podamos invertir a razón de $10,000 millones por año en reponer el capital que se ha hecho obsoleto y expandir la plataforma de producción’, apuntó.

De otro lado, Gutiérrez expuso que dentro de esta legislación la administración García Padilla ha dispuesto ‘el escudo necesario’, para que en caso de que ocurran reclamaciones judiciales, evitar que surjan fallos adversos como el del caso de la reforma al Sistema de Retiro de Maestros.

Al cuestionársele sobre los ajustes de gastos que propone la legislación que trastoca beneficios a los empleados negociados por medio de los convenios colectivos (como la congelación de aumentos, el establecimiento del bono de Navidad en $600, la eliminación del pago de liquidaciones por excesos en licencias de enfermedad y de vacaciones, la eliminación de cláusulas de traslados, entre otros), el economista aquilató las posturas que han asumido los grupos sindicales.

‘Los sindicatos a través de sus voceros, lo que están es una actitud de rechazo, de defender su status quo y no quieren reconocer la realidad de la situación. Y en ese sentido yo creo que están desvinculados de la realidad que tiene el Gobierno’, sostuvo.

Éste criticó que lleven a cabo una gestión, ‘con un lenguaje polarizante’, en donde se busca volcar la discusión pública en una lucha entre clases.

A su entender el Gobierno debió establecer explícitamente que estos ajustes eran permanente, y no de carácter temporero que pudieran ser modificados de aquí a tres años si mejoran las finanzas.

‘Cómo es posible que algo que estamos adjetivando como beneficio y bonos excesivos, al cabo de tres años los vamos a poner de nuevo?’, cuestionó. Pues argumentó que esto sería ‘volver a lo que trajo parte de los problemas (fiscales del Gobierno)’, lo que haría ‘absurdo’ todo este proceso.

No obstante, destaca que el Ejecutivo también ha estipulado ciertas condiciones para poder retrotraer los beneficios renegociados, como lo es que las corporaciones no presentan déficit y que se estén autofinanciando sin recurrir al Fondo General.

Un área de preocupación para Gutiérrez sobre planteado presupuesto balanceado, es que el Gobierno logre los estimados de ingresos proyectos, que en parte depende que no ocurran problemas con el diseño de las medidas, que funcione lo del cobro del Impuesto a la Venta y Uso en los muelles y que las proyecciones de recaudos sean acordes con la realidad macroeconómica del país.

‘La única manera de producir un presupuesto en balance de ingresos y gastos, es cortando el gasto… Si se hace a base de gastar lo que se piensa se va ingresar, generamos un déficit, porque se gasta más de lo que se espera se va a ingresar’, determinó.

Por su parte, la economista Martha Quiñones, en entrevista con este diario digital descartó que el Gobierno logre estabilización en tres años, porque la parte más ‘neurálgica’ que son los gastos por contrataciones y los beneficios de empleados de confianza sufrieron cambios mínimos.

Para Quiñones, en la Ley existe un desbalance entre la carga que se le impone a los trabajadores mediante ajustes de beneficios y los recortes que hay a nivel de contrataciones de servicios profesionales y compras, y el hecho de que prácticamente no se toca al personal de confianza y a la alta gerencia de las corporaciones públicas.

Esta estableció que el Gobierno se muestra ‘leniente’, al no imponer reglas en relación a la evaluación de gastos por contrataciones y de compras. La Ley propone una reducción de un diez por ciento de dichos gastos anuales.

Aunque reconoce que el Gobierno tiene que otorgar contratos, también, resalta que debe haber un proceso de medición donde se evalúe que los bienes comprados no estén en sobreprecios, ‘porque de lo contrario vamos a continuar siendo ineficientes’ y que se determine que la otorgación de contratos por servicios profesionales, han cumplido con su objetivo.

Sobre estos planteamientos, Gutiérrez tuvo sus reservas con la adjudicación de que el Gobierno ha sido leniente en reducir gastos por la compra de servicios y la otorgación de contratos profesionales.

Los contratos son ‘indispensable’ porque el Gobierno no puede hacer el trabajo o no tiene los recursos, señaló Gutiérrez.

Pese a que Quiñones indica que la Ley establece una mayor carga en los trabajadores, distinguió que dentro del servicio público existen disparidades salariales y de beneficios, por lo que no se puede simplificar el asunto a una lucha de clases entre el sector privado y los empleados gubernamentales, esto luego de que el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, dijera ayer que si los ‘ricos (comienzan) a pagar más, nosotros aportamos un poco más’.

Además, resalta que también existen diferencias económicas y de beneficios gubernamentales entre el empresario local y el inversionista extranjero.

Por otro lado, Quiñones no pudo afirmar si con la Ley, el Gobierno lograría la proyección de ahorro de $1,400 millones.