Si el gobierno de Puerto Rico rechaza la alianza público privada que entrega la administración del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín a Aerostar Holdings, tendría que compensar al consorcio por hasta $8 millones, de acuerdo al contrato de arrendamiento por 40 años firmado más temprano este año.

La posibilidad surge por declaraciones del gobernador electo Alejandro García Padilla y miembros del Partido Popular Democrático (PPD) en meses recientes y en oposición al negocio pactado por la actual administración con el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) de México y su socio en el consorcio, Highstar Capital.

Sin embargo, todos los involucrados están en etapa de ‘espera’ porque la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), que cerrará su periodo de comentarios públicos sobre la transacción en una semana a partir de hoy, debe dar el último aval necesario para que el negocio despegue oficialmente.

Si la FAA no da su aval, el gobierno y ASUR se retiran sin obligación legal o financiera el uno con el otro. Pero si la FAA aprueba el negocio, y el gobierno se retira, se activa la posibilidad de que ASUR reclame hasta $8 millones en gastos incurridos, y a una demanda potencial.

La plataforma del PPD no es específica en cuanto a su intención con el principal aeropuerto del país.

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