La corporación Crowley Maritime tuvo que acordar cooperar con las autoridades federales sobre el sistema de cabotaje de Puerto Rico proveyendo acceso a empleados y documentos confidenciales como parte del extenso y complicado litigio federal sobre su papel en la conspiración con otras navieras para fijar ilegalmente las tarifas de carga marítima en la Isla, según el expediente del caso.

Crowley es una de tres compañías involucradas en el caso criminal federal del cual formó parte también una demanda de clase de las empresas perjudicadas por las tarifas pagadas a los acusados para el transporte marítimo de mercancías entre Puerto Rico y los Estados Unidos, desde mayo de 2002 a abril de 2008.

En el inciso 25, ‘Cooperation Agreement’, se estipuló que ‘los acusados, Crowley, cooperarán con los representantes de la clase demandante en relación al cabotaje puertorriqueño’, además de ‘producir persona(s) suficientemente cualificadas para autenticar documentos de la compañía, incluyendo datos electrónicos’ y hacer ‘todos los esfuerzos razonables para que estén disponibles para entrevista a actuales y anteriores oficiales o empleados de Crowley Liner Services, Inc. involucrados en las decisiones de precio relacionadas al cabotaje puertorriqueño’.

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